El Gobierno de España aprobó un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, plan que rechaza la Iglesia.
El plan, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo, procede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará vigente entre 2024 y 2027.
En rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, el ministro del ramo, Félix Bolaños, afirmó que este plan busca reparar a las víctimas que “durante décadas han sido olvidadas y orilladas” y a las que “nadie prestó atención”.
Para ello, el Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE) para que asuma las indemnizaciones a las víctimas.
“Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno”, dijo.
El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Parlamento, presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en 1.13 por ciento de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440 mil personas.
“Son cifras muy altas que nos deberían impactar”, señaló Bolaños.
El titular de Justicia explicó que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.
El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.
Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura el año pasado, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.
No hay cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, entre otras razones, por la falta de denuncias, además, los abusos se prolongaron en el tiempo y las víctimas, en su mayoría, eran menores.
La investigación del Defensor del Pueblo cifraba en más de 445 mil personas las que habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236 mil 500 por parte de sacerdotes.
Por su parte, la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores y los resultados recoge un total de mil 383 denuncias y un mínimo de 2 mil 56 víctimas.
El despacho de abogados también proponía una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidieran no acudir a los tribunales. En estos casos la Comisión fijaría una indemnización en función de una serie de criterios y del tipo de abuso cometido.
La CCE respondió al plan del Gobierno que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia y señaló que la Iglesia “no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
“El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”, denunció la CEE en un comunicado.
Los obispos critican que, al centrarse solo en la Iglesia católica, el plan del Ejecutivo aborda únicamente una parte del problema. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones” y subraya: “la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
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