A la entrada de una feria de ciencias de 2018 en mi estado natal de Oaxaca, en el sur de México,
una pancarta hecha de papel marrón usado en la carnicería se balanceaba sobre mí cabeza. Con
rotuladores y lápices de colores, los alumnos de la escuela primaria habían representado dos
mundos en colisión: uno, una montaña exuberante y un río rebosante de plantas y animales; el
otro, un paisaje yermo marcado y contaminado por la industria. El cartel ofrecía una solución, la
erradicación de la contaminación, junto con una sencilla afirmación: El agua es vida.
El agua es vida.
Ya lo había oído antes. Me quedé de pie y mire, inmóvil, trazando conexiones en mi mente.
Desciendo de los Ñuu Savi, que significa “gente de la lluvia” en la lengua indígena mixteca. Como
geógrafa crítica en formación, he estudiado cómo se entrecruzan las dinámicas de poder con las
fuerzas humanas y no humanas que han dado forma a nuestros paisajes ambientales a lo largo del
tiempo. Y me he familiarizado con un patrón de amenazas a los recursos hídricos y a la soberanía
tribal que se da en muchas tierras indígenas, incluida la mía.
El agua es vida, y en lakota—uno de los dos dialectos hablados por la tribu sioux de Standing Rock,
en Dakota del Sur— se dice mni wiconi. Desde 2016, la tribu lucha por proteger su principal fuente
de agua del oleoducto Dakota Access (DAPL por sus siglas en inglés). El oleoducto transporta
diariamente unos 500 mil barriles de petróleo crudo Bakken bajo el río Misuri, en el lago Oahe,
desde 2017 y, a pesar del pésimo historial de seguridad de su propietario, Energy Transfer LP, el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) ha
permitido hasta ahora que el oleoducto siga funcionando. Recientemente, en un borrador de
declaración de impacto ambiental, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
enumeró una serie de posibles resultados para el oleoducto, pero la mayoría de ellos permitirían
básicamente las operaciones habituales de la industria del petróleo y el gas.
Cuando la gestión de lagos, ríos y presas deja de estar en manos de sus cuidadores originales, se
produce una inmensa injusticia ambiental. Entre Dakota del Sur y Oaxaca hay más de 3.000
kilómetros, pero en ambos lugares las comunidades indígenas dependen de importantes cuencas
hidrológicas amenazadas por proyectos de desarrollo mal concebidos. Mni wiconi es la súplica que
nos une. Así que profundicé en el caso #NoDAPL para entender los paralelismos a los que nos
enfrentamos.
El agua es vida
Al igual que los proyectos de presas del Cuerpo de Ingenieros en el río Misuri que crearon el lago
Oahe en el siglo pasado, la construcción de presas en México también provocó el desplazamiento
de un gran número de personas, la mayoría indígenas. En 2006, los desplazados por las grandes
presas de mi país ascendían a la asombrosa cifra de 185 mil personas.
Muy pocos ríos y afluentes atraviesan el árido altiplano mixteco del noroeste de Oaxaca y, sin
embargo, todavía continúan los proyectos hidroeléctricos respaldados por el gobierno, como la
presa de Tamazulapam, y embalses que intentan controlar los caudales naturales. Al operar con
permisos de la Comisión Reguladora de Energía de México, algunos proyectos forzaron la
reubicación de comunidades indígenas y alteraron los ríos y ecosistemas de los que dependen.
Éstas son sólo algunas de las injusticias ambientales que se cometen en Oaxaca, donde se han
identificado al menos 66 zonas para futuros proyectos hidroeléctricos. Desde 2007, la lucha contra
una presa prevista en el río Verde ha movilizado a varias comunidades indígenas y afromexicanas
de la costa del Pacífico del estado. Trágicamente, en los últimos años, seis de los activistas contra
las presas han sido asesinados.
Cuando la seguridad de una fuente de agua se ve comprometida, la salud de todo lo que depende
de esa fuente de agua también lo está. Además de las preocupaciones sobre el agua potable y el
riego de los cultivos, un desastre petrolero del DAPL amenazaría los ecosistemas dentro y a lo largo
del río Misuri y sus afluentes, que sustentan especies en peligro de extinción, como el esturión
pálido, el murciélago de orejas largas del norte, el mejillón escamoso y el chorlitejo flotante. Y
aunque 51 de las 67 especies de peces que nadan en estos ríos son raras o están en declive, varias
otras proporcionan alimento y sustento a la tribu, al igual que un pastizal cercano para el programa
de bisontes de Standing Rock.
Exterminio de la contaminación
Hay pocas razones para preguntarse por qué la Administración de Seguridad de Oleoductos y
Materiales Peligrosos (PHMSA, por sus siglas en inglés) considera el lugar del cruce del oleoducto
en el río Cannonball, y los tres kilómetros río abajo, un Área de Alta Consecuencia (HCA, por sus
siglas en inglés). Para los oleoductos de líquidos peligrosos, la PHMSA define las HCA como zonas
pobladas, fuentes de agua potable y lugares con recursos ecológicos inusualmente sensibles. En
una carta enviada al Cuerpo de Ingenieros en mayo, Janet Alkire, presidenta de la tribu sioux de
Standing Rock, explicaba por qué no se puede confiar a Energy Transfer la seguridad de esas zonas.
Entre 2016 y 2020, escribió, los oleoductos propiedad de Energy Transfer (que se extienden por
todo el país y suman casi 125 mil millas) derramaron más de un millón de galones de petróleo.
Durante este tiempo, 21 de los derrames de petróleo de la compañía ocurrieron dentro de HCA.
Los derechos sobre el agua de la tribu, recogidos en los tratados de Fort Laramie de 1851 y 1868,
abarcan los afluentes y las aguas subterráneas de la cuenca del río Misuri. En caso de rotura del
DAPL, la tribu sería la primera en responder. Sin embargo, hasta ahora, el Cuerpo de Ingenieros no
ha proporcionado datos adecuados, incluidos los informes de los peores escenarios, a la tribu y a
otras comunidades de primera línea. Esta falta de transparencia obstaculiza los planes de
respuesta de emergencia de la tribu y pone en peligro el ecosistema local y el suministro de agua.
Sin esta información, la tribu no puede prepararse adecuadamente ni tomar decisiones rápidas y
acertadas en caso de catástrofe petrolera. Para complicar aún más las cosas, el Cuerpo de
Ingenieros ha mantenido los niveles de agua del lago Oahe demasiado bajos para que los barcos
puedan acceder a las válvulas de cierre del oleoducto en caso de emergencia.
“El Cuerpo de Ingenieros ha drenado el embalse de Oahe”, escribe Alkire, “lo que ha provocado
que nuestro sistema de agua potable imponga escasez, lo que ha dañado nuestras tomas de riego,
ha destruido el hábitat de los peces y la fauna, ha dañado las casas y propiedades de los miembros
de la tribu, y haría que la limpieza del petróleo sea prácticamente imposible, si hoy se produjera un
vertido de petróleo”.
Para los pueblos indígenas de toda Norteamérica (y más allá), nuestras aportaciones, nuestras
demandas y nuestros gritos de “el agua es vida” han sido ignorados. ¿Cómo podemos ser
respetados como naciones soberanas cuando los ríos que atraviesan nuestras tierras y territorios
tradicionales son gestionados exclusivamente por organismos federales? La verdadera
transparencia haría que las comunidades indígenas estuvieran al frente de cualquier revisión,
evaluación y decisión ambiental en lo que respecta a los recursos de sus territorios. La verdadera
justicia ambiental nunca consideraría prescindibles nuestras tierras, nuestra salud y nuestras vidas
en primer lugar.
*Esta historia fue publicada originalmente por NRDC.org en
https://www.nrdc.org/es/stories/agua-es-vida-standing-rock-mixteca-oaxaquena
