Presuntos delitos incluyen uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos
NADIA SANABIA
El Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, ha destapado una serie de graves irregularidades y presuntos actos de corrupción durante el gobierno del ex gobernador Alejandro Murat.
Las cifras son alarmantes: 94 investigaciones en curso, 22 casos con acción penal ejercida, 40 órdenes de aprehensión giradas y 25 personas vinculadas a proceso.
Los delitos investigados pintan un panorama sombrío de la administración anterior. Se han detectado casos que presumen uso ilícito de atribuciones, con contrataciones y pagos ilegales sin documentación comprobatoria, lo que sugiere una posible malversación sistemática de fondos públicos.
El ejercicio ilícito del servicio público se manifiesta en la sustracción de información y documentos oficiales, particularmente en el caso del Instituto Catastral, donde la desaparición de cédulas catastrales facilitó el despojo de propiedades.
Además, se investigan casos de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, tanto en operaciones notariales como en el otorgamiento de fiats, lo que podría implicar una red de corrupción que se extiende más allá de las oficinas gubernamentales.
El fiscal Iruegas Álvarez señaló que estas irregularidades no se limitaron a un solo sector, sino que abarcaron múltiples dependencias y organismos del gobierno estatal, desde la Secretaría de Infraestructuras hasta el Tribunal Superior de Justicia. Esta amplitud sugiere que la corrupción pudo haber sido generalizada y sistemática durante el mandato de Murat.
Particularmente preocupante es la opinión del fiscal sobre la pérdida de control en el manejo de recursos públicos, especialmente en el último año de la administración de Murat.
Iruegas Álvarez sugiere que pudo haber existido un «Año de Hidalgo», donde se simularon contratos, obras y servicios, posiblemente con el fin de desviar fondos antes del cambio de
gobierno. Esta falta de supervisión y control hasta el último momento del mandato de Murat plantea serias dudas sobre la integridad de su administración.
Aunque el ex gobernador Murat no ha sido directamente implicado hasta el momento, el fiscal dejó claro que nadie está por encima de la ley. Si bien reconoce que las investigaciones contra ex gobernadores son más complejas y requieren más tiempo, Iruegas Álvarez aseguró que la Fiscalía Anticorrupción está obligada a investigar cualquier denuncia, independientemente de quién sea el implicado.
El aseguramiento de bienes, como el teatro Álvaro Carrillo, y la posibilidad de acciones de extinción de dominio, indican que la Fiscalía busca recuperar los activos presuntamente obtenidos de manera ilícita durante el gobierno de Murat.
Finalmente, Iruegas Álvarez reveló que ya hay más de 30 denuncias contra funcionarios de la presente administración en lo que va del año, demostrando que la Fiscalía Anticorrupción está comprometida con su labor y que no habrá impunidad para nadie, incluyendo al ex gobernador Alejandro Murat. La lucha contra la corrupción en Oaxaca continúa, y la ciudadanía espera resultados contundentes que lleven ante la justicia a todos aquellos que hayan abusado de su poder y traicionado la confianza de los oaxaqueños.
