Entre las personas acusadas formalmente se encuentran también su hijo Carlos Bolsonaro, el exdiputado y exdirector de la ABIN, Alexandre Ramagem, entre otros funcionarios. Según el informe policial de la investigación por el caso conocido como “ABIN Paralela”, los acusados conformaron una organización criminal que utilizó métodos ilegales para vigilar a políticos, periodistas, abogados y críticos del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Estos datos policiales, indican que el espionaje se llevó a cabo mediante el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, con el fin de recopilar información sensible. De acuerdo con este informe concluido y enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), esta organización criminal habría utilizado el «sistema de geolocalización israelí FirstMile«, herramienta que permite rastrear los movimientos de las personas mediante su teléfono celular.
El software fue adquirido por Abin, la Agencia Brasileña de Inteligencia en 2018, durante el gobierno del entonces presidente Michel Temer (MDB), en dos contratos por un total de 8,1 millones de reales brasileños.
Una de las pruebas recabadas por la Policía Federal (PF) es la grabación de una reunión celebrada el 25 de agosto de 2020, a la que asistieron Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, el general Augusto Heleno, quien fuera ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), y las abogadas del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Luciana Pires y Juliana Bierrenbach. La reunión se celebró para discutir estrategias de seguimiento a los auditores de la Hacienda Federal responsables de la investigación contra el hijo del expresidente en el caso de las «rachadinhas».
La reunión fue grabada en audio, el cual fue localizado por la PF en uno de los seis teléfonos celulares y cuatro cuadernos incautados en Ramagem durante la operación de Vigilancia Estrecha. En julio del 2024, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), levantó la confidencialidad de la grabación.
