Como economista, si algo me ha apasionado desde hace muchos años ha sido el estudio de las brechas de desigualdad, por eso elaboramos cada año el Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo desde mi asociación civil Nación incluyente. Pero estudiar no es suficiente, también hay que contribuir desde cualquier trinchera, y créanme, he comprobado que el ingrediente más importante para hacer cambios es la voluntad. Hoy, los últimos datos de pobreza confirman una mejora que vale la pena celebrar pero que a la vez, nos obligan a redoblar el paso. En 2024, la pobreza multidimensional disminuyó de 36.3% en 2022 a 29.6% en 2024, en otras palabras, 7 millones de personas salieron de la pobreza extrema. ¡Es la reducción más amplia en una década! y refleja, entre otros factores, un mercado laboral más dinámico, aumentos del salario mínimo y transferencias públicas mejor focalizadas.
Detrás del promedio hay un matiz clave: sin transferencias de programas sociales, la pobreza habría sido de 32.8% y la extrema de 6.9%; es decir, las políticas de ingreso ayudaron a amortiguar entre 1.6 y 3.2 puntos porcentuales. Este dato no resta mérito; al contrario, muestra que los programas sociales sí hacen diferencia, pero también que necesitamos anclar los avances en productividad, empleo formal y servicios públicos efectivos.
¿Dónde están los retos? En las carencias sociales, dos focos rojos persisten. La carencia por acceso a servicios de salud todavía afecta a 34.2% de las personas (44.5 millones), y 48.2% carece de acceso a la seguridad social (62.7 millones). Sin salud ni seguridad social universales, la vulnerabilidad económica reaparece ante cualquier choque: enfermedad, vejez o pérdida del empleo.
Además, la población “vulnerable por carencias sociales” aumentó a 32.2% en 2024, un recordatorio de que reducir la pobreza por ingresos no basta si no garantizamos derechos como salud, seguridad social, vivienda y alimentación adecuada. Por lo mismo, es indispensable mencionar algunas propuestas:
- Seguro de salud universal operativo, financiable y medible. Unificar padrón y portabilidad de servicios (IMSS-Bienestar, ISSSTE, servicios estatales) con estándares mínimos de tiempo, abasto y atención primaria; metas trimestrales públicas por estado; y un fondo de nivelación con reglas claras para cerrar brechas en infraestructura, médicos y medicamentos. La evidencia de 2024 muestra que el problema es de cobertura efectiva, no sólo de afiliación nominal.
- Seguridad social para todos, atada a la persona, no al puesto. Crear un esquema de “cuenta social portable” para independientes, gig workers y MIPYMES que integre ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y guarderías, con aportaciones tripartitas proporcionales al ingreso y subsidio focalizado a los de menor ingreso. El dato de 62.7 millones sin seguridad social obliga a priorizarlo.
- Formalización inteligente. Reducir el costo de volverse formal: cuotas graduales por tamaño de empresa, facturación simplificada, devolución exprés de IVA a MIPYMES cumplidas y compras públicas con preferencia a proveedores que afilien a su personal. Esto liga la mejora del ingreso con derechos efectivos, no sólo con salarios más altos.
Y hay muchas más.
México demostró que puede bajar la pobreza con una mezcla de empleo, salarios y apoyos. El siguiente paso, es garantizar salud y seguridad social de calidad. Si cerramos esas dos brechas, la estadística dejará de ser un “buen dato” para convertirse en calidad de vida. Esa es la vara con la que debemos medirnos.
