La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, propiedad de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, tras ser denunciada por presunto financiamiento indebido en actos de precampaña y campaña.
Asimismo, el órgano electoral aprobó dos procedimientos administrativos sancionadores contra Cuevas Nieves, debido a un evento realizado en agosto de 2025, difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el que informó su intención de crear un nuevo partido político y manifestó su interés en contender por la Jefatura de Gobierno en 2030.
Las investigaciones también incluyen a Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, coordinador del movimiento que busca convertirse en agrupación política.
Tras el análisis de las pruebas, el IECM concluyó que éstas “generan indicios sobre la intención de posicionar a Sandra Cuevas para contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral 2029-2030”. Además, se señaló que los mensajes difundidos podrían constituir promoción anticipada y posicionamiento político, en favor de quien presuntamente podría ser postulada como candidata a la Jefatura de Gobierno por la organización México Nuevo, actualmente en proceso de conformación y registro.
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La consejera Sonia Pérez explicó que previamente se había desechado la denuncia por la “lejanía” del proceso electoral; sin embargo, tras una impugnación presentada por Movimiento Ciudadano, el Tribunal Electoral local ordenó reanalizar el caso.
Otros bajo la lupa
La Comisión también inició un procedimiento sancionador contra el concejal de la alcaldía Álvaro Obregón, el panista Guillermo Ruiz Tomé, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, tras la entrega de calentadores solares y tinacos acompañado por integrantes del PAN, donde se resalta su nombre e imagen.
De igual forma, se abrió investigación contra los diputados locales Diana Barragán (PT), Fernando Zárate (Morena), María del Rosario Morales (Morena) y la legisladora federal Carina Piceno (Morena), por presunta vulneración a las reglas de difusión de informes de labores, promoción personalizada y uso de recursos públicos.
En el caso de la diputada petista, se aprobaron medidas cautelares para el retiro de propaganda que rebasó los plazos legales de difusión.
(WCLS)
