El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Estatal que obliga a las personas que incumplan con el pago de la pensión alimenticia a cubrir no solo el monto adeudado, sino también los gastos derivados de exigir su cumplimiento, como honorarios legales y préstamos. La acción penal no podrá extinguirse sin una reparación integral del daño, garantizando consecuencias completas para quienes incumplan sus obligaciones.
La iniciativa, presentada por el diputado morenista Wilmer Monforte, busca proteger principalmente a mujeres, niñas y niños, asegurando recursos para renta, alimentos, uniformes y medicinas.
Durante la sesión también se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando enfoques interseccionales, interculturales y de autonomía económica.
En materia de salud, se prohibirá la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en escuelas, mientras que otras iniciativas abordan masculinidad responsable y la no discriminación hacia personas transgénero.
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