Con el objetivo de eliminar los vacíos legales que perpetúan la impunidad, la diputada Orquídea López Yzquierdo, integrante de la fracción parlamentaria del PRD, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y sancionar con rigor a quienes oculten pruebas o ayuden a escapar a responsables de feminicidio, sin importar su parentesco.
La propuesta busca adicionar el artículo 283 Bis, estableciendo penas de dos a ocho años de prisión para quienes incurran en encubrimiento. La relevancia de esta reforma radica en que eliminaría la «excusa absolutoria» que actualmente permite a familiares directos evitar sanciones cuando auxilian a un agresor.
Durante su exposición de motivos en el Congreso local, la legisladora de la LXV Legislatura subrayó que la violencia feminicida es la violación más grave a los derechos humanos y que el entorno cercano del agresor suele ser pieza clave en la alteración de escenas del crimen o la evasión de la justicia.
«Ningún vínculo familiar puede estar por encima del derecho de las víctimas a la justicia. Cuando se encubre un feminicidio, también se comete una grave falta contra la sociedad», sentenció López Yzquierdo.
La diputada recordó que Tabasco mantiene una incidencia preocupante en este delito, lo que hace urgente fortalecer las herramientas legales.
La iniciativa enfatiza que se busca enviar un mensaje de cero tolerancia ante el encubrimiento.
Se pretende garantizar el acceso a la verdad para las familias de las víctimas.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida y dignidad de las mujeres por encima de protecciones filiales en casos de extrema violencia.
Con esta reforma, la bancada del PRD busca cerrar el paso a las excepciones legales que favorecen la impunidad, asegurando que toda persona que participe en la ocultación de un feminicidio enfrente las consecuencias penales correspondientes.
Miguel Ángel Mayo (FOH)
