La reciente publicación de la National Drug Control Strategy 2026 de Estados Unidos confirma un cambio profundo en la manera en que las principales economías del mundo están entendiendo la relación entre crimen organizado, seguridad nacional e integridad financiera. Washington deja claro que el combate a drogas sintéticas como el fentanilo dejó de ser una asunto de salud pública para convertirse en una prioridad estratégica que involucra inteligencia, cooperación internacional y una participación cada vez más relevante del sistema financiero.
El documento está abordando el tráfico de fentanilo y otras drogas como una amenaza estratégica de seguridad nacional, comparable a otros riesgos que afectan la seguridad interna, la estabilidad social y la resiliencia económica del país. Esto explica el endurecimiento del lenguaje e incluso la incorporación de herramientas que solían ser reservadas sólo para amenazas de alto impacto nacional.
Estados Unidos está reconociendo que las organizaciones criminales transnacionales ya no operan únicamente como redes dedicadas al narcotráfico, sino como estructuras altamente sofisticadas con capacidad financiera, tecnológica y logística global, que aprovechan cadenas de suministro internacionales, plataformas digitales, sistemas financieros, comercio transfronterizo y mecanismos complejos de lavado de dinero para mover recursos y operar a escala internacional.
Y por la gran escala del problema, trae consigo una respuesta integral que combina instrumentos diplomáticos, financieros, tecnológicos, de inteligencia y seguridad. El enfoque cambia radicalmente: ya no se trata solamente de perseguir cargamentos o líderes criminales, sino de desmantelar ecosistemas completos.
Es aquí donde el sistema financiero adquiere un papel central.
La estrategia enfatiza la necesidad de fortalecer capacidades de inteligencia financiera, intercambio de información y cooperación internacional para identificar redes vinculadas con actividades ilícitas. Esto inevitablemente tendrá efectos en México, pues somos el país con mayor integración económica y financiera con Estados Unidos.
Desde mi punto de vista, la discusión de fondo apunta hacia un nuevo paradigma internacional donde la trazabilidad, la transparencia y la integridad financiera se están convirtiendo en elementos esenciales para la estabilidad económica y la seguridad de los sistemas financieros.
En este sentido, las discusiones que actualmente se desarrollan en México sobre digitalización, pagos electrónicos, identidad digital y reducción gradual del uso intensivo del efectivo adquieren una relevancia estratégica adicional. Porque son estos procesos los que contribuyen a fortalecer la trazabilidad de las operaciones financieras y a reducir espacios de opacidad que históricamente han sido aprovechados por estructuras criminales.
Por supuesto, el efectivo sigue siendo una herramienta fundamental para millones de personas y pequeños negocios en México, y de eso hablé con mucho detalle en mi columna de la semana pasada. De ahí que el objetivo no puede limitarse a restringir su uso, sino a ampliar las capacidades de inclusión financiera para que más personas puedan incorporarse de manera segura al sistema financiero formal.
Igualmente relevante en esta nueva etapa serán los mecanismos de colaboración público-privada. Ninguna autoridad, por sí sola, tiene la capacidad de enfrentar estructuras criminales transnacionales cada vez más sofisticadas, digitalizadas y globales. La experiencia internacional demuestra que los modelos más efectivos son aquellos donde autoridades financieras, unidades de inteligencia financiera, supervisores y sector privado desarrollan esquemas permanentes de cooperación e intercambio de información estratégica. Esta sin duda, es un área de oportunidad para nuestro país.
La nueva estrategia antidrogas estadounidense confirma que la integridad financiera dejó de ser únicamente un tema de cumplimiento regulatorio. Para México, el reto será fortalecer un sistema financiero más transparente, resiliente e incluyente, sin perder de vista nuestra realidad económica y social.
Por: Soraya Pérez Munguía
