La zona arqueológica de Chichén Itzá volvió a ser escenario de controversia luego de que dos turistas extranjeros ingresaran a un área restringida y escalaran la pirámide de Kukulcán, aprovechando la falta de personal de seguridad derivada del conflicto entre artesanos, prestadores de servicios y autoridades.
Los hechos ocurrieron mientras los accesos al sitio permanecían bajo control de personas inconformes, quienes mantenían un desacuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y autoridades estatales. Durante la jornada, alrededor de mil visitantes ingresaron gratuitamente al recinto con vigilancia limitada, situación que permitió que los turistas burlaran los cordones de seguridad y subieran a la estructura.
De acuerdo con reportes, fueron los propios artesanos quienes solicitaron la intervención de las autoridades tras percatarse de lo sucedido. Los visitantes fueron detenidos y posteriormente expulsados del recinto arqueológico.
Subir a la pirámide de Kukulcán está prohibido desde 2008 como medida de protección y conservación del patrimonio histórico, debido al desgaste que provoca el constante flujo de visitantes sobre las estructuras.
Posibles sanciones para los infractores
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, las personas que dañen o alteren monumentos considerados patrimonio nacional pueden enfrentar consecuencias legales importantes. El artículo 52 establece sanciones de tres a diez años de prisión, además de multas cuyo monto puede variar dependiendo de los daños ocasionados.
Asimismo, el artículo 55 de la misma legislación señala que las sanciones económicas pueden ir de 200 a mil días de salario, lo que, tomando como referencia el valor actual de la UMA de 117.31 pesos, representaría multas aproximadas de entre 23 mil 462 y 117 mil 310 pesos.
Las autoridades también pueden determinar penalizaciones adicionales si se acredita afectación directa a la estructura arqueológica o al patrimonio histórico nacional.
