La Fiscalía General de la República (FGR) señaló este jueves que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien estuvo el miércoles en la capital del país para declarar como testigo por la supuesta presencia de agentes de la CIA en un operativo antidroga en abril, “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”.
“Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, indicó el titular de la Fiscalía especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara.
Campos, del Partido de Acción Nacional (PAN), estuvo en la sede de la FGR para declarar por este operativo, que desató una polémica en México tras la muerte de dos agentes estadounidenses el pasado 19 de abril, en un operativo contra el narcotráfico, y las sospechas de que habían participado en operaciones de campo sin conocimiento del Gobierno federal.
Tras declarar ante los investigadores, la gobernadora de Chihuahua denunció ante medios el “uso de las instituciones federales” que a su juicio hace el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no precisó que no había dado información.
Este caso elevó las tensiones bilaterales entre México y EE.UU. después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiese explicaciones a Washington al asegurar que el Gobierno federal no lo había autorizado, lo que provocó que la Casa Blanca le reclamara un “poco de empatía” por los agentes fallecidos.
El operativo está siendo investigado por la Fiscalía ante la posibilidad de que se haya vulnerado la ley de seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros, en un suceso que agitó el debate del injerencismo en el país latinoamericano.
Además, se unió a las tensiones por la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia (el oficialista Rubén Rocha Moya), por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.
Por otra parte, la FGR indicó que, a ninguno de los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para quienes Estados Unidos solicito su detención provisional con fines de extradición.
Y que cinco de ellos comparecieron y siguen las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito.
El Gobierno de México ha rechazado la petición de detención urgente de EE.UU. contra los 10 funcionarios señalados, al subrayar que todavía no se han presentado pruebas que justifiquen la urgencia de la medida.
Por su parte, la FGR citó esta semana a declarar como testigos a Rocha Moya o al senador Enrique Inzunza, quienes destacaron su compromiso con las instituciones mexicanas al tiempo que insistieron en su inocencia.
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