Durante el proceso de ingreso a licenciatura de 2026, la UNAM aplicó por primera vez su examen de admisión completamente en línea. El sistema incluía mecanismos de identificación, vigilancia digital y herramientas destinadas a detectar conductas irregulares. Sin embargo, aparecieron evidencias de que algunos aspirantes habían conseguido vulnerarlo mediante ayuda externa y mecanismos organizados para obtener respuestas. La Universidad suspendió temporalmente las inscripciones, revisó los resultados y decidió aplicar un examen presencial de control a miles de aspirantes. La medida provocó protestas y abrió una discusión sobre la responsabilidad de la institución, la validez de los resultados y los derechos de quienes habían obtenido legítimamente un lugar.
Hasta ahí, podría parecer simplemente una crisis de la UNAM.
No lo es. La historia puede contarse como un fracaso tecnológico o administrativo. La UNAM diseñó un procedimiento vulnerable y deberá asumir esa responsabilidad, revisar lo ocurrido y corregirlo. Pero detenernos ahí sería demasiado cómodo. Lo sucedido no es una anomalía, sino una manifestación particularmente visible de una conducta social que hemos normalizado gradualmente: aprovechar la oportunidad cuando el beneficio es individual y repartir después las consecuencias entre todos.
El problema no comenzó cuando la Universidad decidió revisar los resultados. Comenzó cuando algunos aspirantes decidieron vulnerar las reglas bajo las cuales competían con los demás. La distinción importa. La UNAM puede ser responsable de haber dejado abierta una puerta; no por ello es responsable de que alguien haya decidido entrar por ella. Una vulnerabilidad explica cómo pudo cometerse una falta, pero no convierte la falta en responsabilidad de quien no consiguió impedirla.
Tenemos incluso frases incorporadas a nuestro lenguaje cotidiano que revelan con sorprendente claridad esa relación ambigua con la transgresión. “El que no tranza no avanza” convierte la deshonestidad en una forma de astucia e incluso en condición para progresar. “¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy?” lleva el razonamiento todavía más lejos: conocemos nuestra conducta, pero trasladamos una parte de la responsabilidad a quien nos proporcionó la oportunidad. Ambas nos causan gracia porque reconocemos inmediatamente el comportamiento. Tal vez por eso mismo deberían preocuparnos.
El mérito de la honestidad no consiste en comportarse correctamente cuando resulta imposible hacer otra cosa. Consiste precisamente en tener la oportunidad de obtener una ventaja indebida y decidir no hacerlo. Si necesitamos una cámara para ser honestos, ya no estamos hablando de honestidad, sino de control.
No es un fenómeno exclusivo de los estudiantes ni de una generación. Lo vemos cuando alguien toma mercancía de un transporte accidentado porque de todos modos alguien se la llevará; en el robo minoritario de combustible o energía eléctrica; en tantas pequeñas transgresiones cuyo beneficio tiene nombre y apellido mientras el perjuicio se diluye entre una empresa, el gobierno, los contribuyentes o millones de desconocidos. Cada acto parece insignificante. Su acumulación puede ser devastadora.
El examen de la UNAM permite observar el mecanismo con particular claridad. Quien obtuvo fraudulentamente una ventaja quizá sólo pensó en conseguir su lugar. Pero, al hacerlo, contribuyó a destruir la certeza sobre los resultados de quienes sí respetaron las reglas. Los estudiantes honestos que hoy protestan tienen motivos legítimos para sentirse agraviados. Sin embargo, no fue la Universidad quien originalmente los convirtió en culpables por asociación: fueron quienes hicieron trampa quienes consiguieron que el resultado de todos quedara bajo sospecha.
El precio de la deshonestidad nunca lo paga solamente el deshonesto. Lo distribuimos entre todos.
Y entonces ocurre algo paradójico. Nos quejamos de las consecuencias del fraude y exigimos una solución. Pero recuperar la confianza perdida exige verificar, vigilar y controlar. El examen presencial de control no es necesariamente un castigo colectivo; es el intento de reconstruir una certeza que el procedimiento anterior ya no puede garantizar. Puede resultar injusto en casos individuales y deberá aplicarse con criterios transparentes y proporcionales, pero la institución tiene la obligación de privilegiar la integridad del proceso.
Cuando la confianza desaparece, el control deja de ser solamente una imposición y se convierte también en una demanda.
Queremos menos corrupción y pedimos auditorías. Queremos seguridad y aceptamos cámaras. Queremos evitar fraudes y exigimos verificaciones. Después nos incomoda vivir rodeados de controles. Pocas veces reconocemos que existe una relación entre ambas cosas. Una sociedad basada en la confianza puede funcionar con controles relativamente simples; una sociedad que presupone que cualquier vulnerabilidad será aprovechada necesita mecanismos cada vez más invasivos, costosos y burocráticos.
En medio del escándalo también ha surgido otra discusión: si el examen de admisión realmente mide el mérito, si reproduce desigualdades o si existen mejores maneras de asignar lugares en una universidad pública. Son preguntas legítimas y habrá que discutirlas. Pero hacerlo como respuesta al fraude resulta inapropiado en esta coyuntura. Podemos considerar imperfecta una regla y decidir cambiarla; su imperfección no concede a cada individuo el derecho de incumplirla mientras los demás siguen obligados a respetarla.
La crisis tampoco debería convertirse en pretexto para debilitar la autonomía universitaria. Una institución autónoma debe responder por sus errores precisamente porque es responsable de gobernarse. Corregir el procedimiento, investigar las irregularidades y recuperar la confiabilidad son obligaciones de la UNAM. Aprovechar su debilidad coyuntural para otros propósitos sería otra manera de utilizar la crisis en beneficio propio.
Lo verdaderamente preocupante está fuera del campus. Hemos desarrollado un lenguaje muy sofisticado para reclamar derechos y exigir responsabilidades a las instituciones, pero parece costarnos cada vez más hablar de nuestras obligaciones frente a los demás. El problema aparece cuando construimos una ecuación imposible: instituciones con todas las obligaciones e individuos con todos los derechos.
La UNAM probablemente corregirá su examen. Mejorará controles, cerrará vulnerabilidades y encontrará mecanismos más confiables. Ese es, al final, un problema acotado y técnicamente resoluble. Mucho más difícil será corregir una sociedad que empieza a considerar normal que la honestidad dependa de que no exista oportunidad para ser deshonesto.
Quizá por eso éste no sea realmente un escándalo universitario. La Universidad sólo nos proporcionó un espejo. La verdadera crisis aparece cuando, frente a él, preferimos discutir las imperfecciones del espejo antes que reconocer lo que estamos viendo. Porque la confianza también es una infraestructura social: mientras existe apenas la advertimos; cuando la destruimos descubrimos cuánto cuesta sustituirla.
La UNAM puede recuperar la confiabilidad de su examen mediante el control. La pregunta que queda para nosotros es bastante menos cómoda: ¿cuánto control estaremos dispuestos a aceptar si continuamos haciendo cada vez más difícil confiar unos en otros?
Artículo especial por: Rudy Lara
