El Congreso local aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero –ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC)–, de tal modo que podrán ser procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos que se les imputan.
La decisión fue avalada ayer, con 40 votos a favor y ocho en contra, emitidos durante dos sesiones extraordinarias a puerta cerrada a partir de las 4 de la tarde y hasta cerca de las 20 horas.
Los legisladores consideraron suficientes los argumentos presentados por la FGE para permitir que continúen las investigaciones y los procedimientos judiciales.
La aprobación de los desafueros no determina de ningún modo la culpabilidad de los señalados, sino que únicamente permite que el proceso legal continúe.
Edil de Úrsulo Galván, implicado en desaparición de empresario
El presidente municipal de Úrsulo Galván salió del edificio legislativo antes de que los diputados votaran durante la sesión extraordinaria a puerta cerrada. En el exterior del Congreso permanecían camionetas de la FGE, pero Bravo Montero abandonó el lugar sin ser detenido.
El edil de Úrsulo Galván enfrenta acusaciones relacionadas con las desapariciones del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López Torres, reportadas el 14 de mayo anterior.
Las investigaciones indican que Héctor Ramos habría acudido a la casa del munícipe a una reunión, en la que presuntamente también habría participado un capo de la delincuencia organizada que opera en la zona.
Luego del encuentro, Ramos Sánchez envió un mensaje de texto a su familia en el cual se refirió a la reunión y posteriormente no se supo nada de él, ni de su acompañante. Registros telefónicos indican que el celular del alcalde estuvo en la misma zona de cobertura el día siguiente de la desaparición.
La defensa de Bertín Bravo argumenta que las investigaciones de la FGE no se sostienen, y existen múltiples inconsistencias en los documentos entregados al Congreso estatal. Además afirma que su cliente es inocente.
Fuentes de la legislatura dijeron esperar que se convoque a Pedro de Jesús Rosado Guzmán, suplente del presidente municipal de Úrsulo Galván, para relevarlo.
Alcalde de Ixhuatlán, ligado a asesinato de periodista
Por su parte, González Martínez es señalado por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, caso por el que actualmente hay ocho personas detenidas.
De acuerdo con fuentes, la FGE asegura que el edil de Ixhuatlán del Sureste ordenó el secuestro de la comunicadora, cometido el pasado 2 de junio en su propio domicilio. La reportera fue encontrada sin vida días después en un predio utilizado por un grupo criminal.
Presuntamente, Guzmán Ramírez poseía una foto en la que se observa al munícipe sosteniendo un arma larga, y con su muerte se buscaba impedir que se publicara la imagen.
Hace unos días, el alcalde aseguró que existen fotografías que lo muestran empuñando armas de fuego; sin embargo, asegura, fueron manipuladas digitalmente para afectar su carrera política.
Tras la resolución legislativa, Juliana Ruiz Martínez encabezaría la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste. El ayuntamiento emitió un comunicado en el que informa que “todas las actividades, programas, servicios y acciones del gobierno municipal continuarán desarrollándose con normalidad. La atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las distintas áreas del ayuntamiento se mantienen de manera regular”.
Antes de la votación, los abogados de ambos alcaldes acudieron al Congreso y adelantaron que analizaban promover amparos para evitar posibles detenciones una vez retirada la protección constitucional.
“La fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, señaló Izaskún Moreno, representante legal de Raúl González, quien calificó las acusaciones contra su defendido de un asunto político.
MC, partido al cual pertenecen ambos ediles, sostuvo que los procesos de desafuero forman parte de una persecución política emprendida por el gobierno del estado y el partido Morena.
La dirigencia partidista solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger las garantías de sus militantes, y dar seguimiento a los procedimientos iniciados contra los dos munícipes.
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