La disputa por los ranchos El Salto y La Haciendita, en Huimilpan, Querétaro, dejó de ser únicamente un conflicto inmobiliario y se extendió a los ámbitos civil, penal y federal. Los dos predios suman 269 hectáreas y están vinculados a derechos de agua por 360 mil metros cúbicos anuales provenientes de un pozo ubicado en El Salto.
La familia Urquiza Fernández identifica el caso como un presunto “Cártel Inmobiliario en Querétaro” y señala al exgobernador Francisco Domínguez Servién entre los principales actores de la operación, estructurada mediante MFJ Campestre, S.A. de C.V.
Uno de los elementos que la familia considera relevante es la fecha de constitución de la empresa. La carta de intención para desarrollar los terrenos fue firmada el 11 de abril de 2023, mientras que MFJ Campestre quedó constituida formalmente el 30 de junio de ese año, con un capital social inicial de 100 mil pesos.
De acuerdo con la documentación referida, Domínguez Servién posee 60 por ciento de las acciones y facultades para actos de dominio; María Elena Domínguez Servién tiene 10 por ciento y Juan Israel Montaño Jiménez, 30 por ciento.
El proyecto contemplaba que la familia aportara los terrenos y los derechos de agua, mientras el desarrollador asumiría los costos de urbanización. La distribución prevista era de 80 por ciento de las ventas netas para el desarrollador y 20 por ciento para la familia, además de una comisión de comercialización equivalente al 12 por ciento de las ventas brutas.
La operación también involucró fideicomisos. En el instrumento relacionado con La Haciendita, MFJ Campestre aparece como depositaria del inmueble y con participación en el Comité Técnico encargado de decisiones relevantes sobre el proyecto.
La controversia cambió de dimensión cuando El Salto fue excluido del desarrollo inmobiliario mediante una donación a Julián Urquiza Fernández y Pamela Urquiza Lindacher. La validez de esa operación derivó en el Juicio Ordinario Civil 1809/2023.
Paralelamente, la disputa llegó al ámbito penal. La Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió la carpeta QRO/30535/2023. Agustín Urquiza fue imputado por administración fraudulenta agravada, mientras Julián Urquiza y Pamela Urquiza enfrentaron una imputación por fraude procesal.
La familia cuestiona que el conflicto patrimonial haya derivado en investigaciones penales y sostiene que la actuación de la Fiscalía pudo convertirse en un mecanismo de presión dentro de la disputa inmobiliaria. Estos señalamientos, al igual que las acusaciones contra funcionarios y particulares, deberán ser determinados por las autoridades competentes.
El expediente llegó posteriormente a la justicia federal. En el Amparo en Revisión 307/2025, un Tribunal Colegiado concedió protección constitucional a Julián Urquiza y Pamela Urquiza frente a su vinculación a proceso.
La confrontación también incluyó cateos realizados entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 en domicilios relacionados con integrantes de la familia, algunas de cuyas actuaciones fueron impugnadas mediante amparos federales.
Los señalamientos alcanzan asimismo a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a su titular, Víctor Antonio de Jesús Hernández. Las acusaciones permanecen sujetas a investigación y a los procedimientos legales correspondientes, mientras las personas señaladas conservan su derecho de defensa.
El caso adquirió dimensión nacional el 11 de febrero, cuando fue expuesto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien indicó que sería revisado. La familia también presentó una petición ante la Presidencia de la República y continuó aportando documentación.
Así, lo que comenzó como una disputa por terrenos y derechos de agua ahora plantea una cuestión de mayor alcance: determinar si las actuaciones penales derivaron exclusivamente de la investigación de posibles delitos o si las instituciones públicas pudieron haber intervenido dentro de un conflicto inmobiliario entre particulares.
Los procesos continúan abiertos y las responsabilidades no están determinadas. Serán las pruebas, los expedientes y las resoluciones judiciales los que establezcan qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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GRACIELA BRAVATA (FFO)
