La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo caminó desde Palacio Nacional hasta la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue recibida por las ministras y los ministros antes de iniciar el informe de Hugo Aguilar Ortiz.
El encuentro reunió a representantes de los tres poderes y conmemoró el primer año de la nueva integración del máximo tribunal, surgida de la elección judicial de 2025.
Durante su mensaje, Hugo Aguilar aseguró que “se acabaron los privilegios” y presentó los resultados de las medidas de austeridad, transparencia y reorganización interna. Informó que recibieron mil 479 asuntos de la anterior Corte y únicamente permanecen pendientes 44, algunos iniciados desde 2014 y 2015.
También dio a conocer que encontraron 3 mil 177 promociones sin atender, 345 asuntos sin tramitar, 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo y alrededor de 20 mil registros pendientes de depuración.
En materia de defensoría pública, señaló que se abrieron 12 casas de asesoría jurídica intercultural y fueron atendidas 57 mil 659 solicitudes. Además, 2 mil 202 personas recuperaron su libertad mediante el programa de preliberaciones.
Aguilar destacó resoluciones sobre violencia vicaria, aborto seguro, atención de menores con discapacidad, adopción, derechos de las personas cuidadoras y protección de la diversidad sexual. También informó que se realizaron encuentros en 10 estados con 965 autoridades de 664 comunidades pertenecientes a 23 pueblos indígenas.
A pesar de estos resultados, la percepción ciudadana continúa dividida. Algunas personas respaldan que ministras, ministros, jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto popular; otras cuestionan la independencia de la Corte y su cercanía con el Gobierno.
La elección judicial de 2025 dejó temas sin resolver. La baja participación, las boletas complicadas, el desconocimiento de numerosas candidaturas y la distribución de los llamados “acordeones” provocaron dudas sobre el proceso.
También falta conocer los resultados de la reforma en juzgados y tribunales, donde la población enfrenta procesos prolongados, altos costos, corrupción y dificultades para hacer cumplir las resoluciones. El cambio deberá reflejarse en la atención que reciben las víctimas, las mujeres violentadas, las familias despojadas y las comunidades indígenas.
La renovación del Poder Judicial todavía no concluye. La segunda etapa para elegir jueces y magistrados, programada inicialmente para 2027, fue trasladada al domingo 4 de junio de 2028, para evitar que coincidiera con las elecciones intermedias y reducir la cantidad de cargos y boletas en una misma jornada.
El primer año deja resultados, pero la nueva Corte deberá acreditar su independencia y cercanía con la población mediante sus sentencias. Ahí estará la verdadera evaluación de la reforma judicial.
Graciela Bravata
