La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegará a juicio oral. El juez Juan Carlos Peinado acordó este lunes que sea juzgada por un tribunal popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Los señalamientos están relacionados con la creación y dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como con el supuesto uso de un software desarrollado dentro de ese proyecto universitario y de una empleada de Presidencia para actividades vinculadas con su actividad profesional.
Según el auto, Peinado considera que existen indicios que, desde su perspectiva, deben ser examinados en juicio. El magistrado también sostiene que Gómez habría utilizado de manera estable a una empleada retribuida por Presidencia para tareas que, según su interpretación, no correspondían al cometido institucional de su puesto.
¿Qué ocurrirá ahora?
El juez no impuso nuevas medidas cautelares contra Gómez, aunque estableció que deberá permanecer a disposición del juzgado y del tribunal que corresponda, además de informar cualquier cambio de domicilio o paradero y presentarse cuando sea requerida.
También fue enviada a juicio Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, acusada como presunta cooperadora necesaria en un delito de malversación relacionado exclusivamente con el software.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldara parcialmente la investigación. En julio, cinco magistrados avalaron que continuara por los posibles delitos de tráfico de influencias y malversación, pero descartaron mantener otras acusaciones contra Gómez, entre ellas corrupción en los negocios y apropiación indebida.
¿Qué responde el Gobierno español?
La Presidencia del Gobierno rechazó la decisión y calificó la investigación de “injusta” y “arbitraria”. Fuentes de La Moncloa sostuvieron que durante la instrucción quedó demostrada la inocencia de Gómez y expresaron su confianza en que el jurado actúe con imparcialidad.
La defensa de Gómez y la Fiscalía solicitan su absolución, mientras que la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita una pena de 13 años de prisión para ella y seis años para Álvarez. Estas son solicitudes de las partes y no una sentencia.
El proceso judicial continuará ahora ante el órgano que deberá fijar la fecha del juicio. Gómez mantiene su condición de acusada, por lo que los hechos señalados por las acusaciones deberán ser examinados y resueltos durante el procedimiento.
JCSC
