Tras las denuncias por agresiones y detenciones durante una manifestación en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que las fuerzas de seguridad cometieron errores graves en el operativo realizado el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. Explicó que llegó a esta conclusión después de revisar numerosas grabaciones de los enfrentamientos entre policías y ciudadanos que exigían soluciones a los problemas de calidad del agua.
Lemus también confirmó que las 39 personas detenidas durante la movilización recuperaron su libertad, incluidas las siete que habían sido trasladadas al complejo penitenciario de Puente Grande.
¿Habrá sanciones contra los policías?
El gobernador aseguró que algunos agentes involucrados en los abusos ya fueron identificados y ordenó iniciar una investigación interna para determinar sus responsabilidades.
Reconoció que durante la intervención policial se utilizaron agua y gas contra los manifestantes, medidas que consideró injustificadas. Además, señaló que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a situaciones de violencia.
La investigación contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, mientras que el gobierno estatal se comprometió a reparar los daños ocasionados y establecer medidas para evitar que se repitan estos hechos.
¿Qué pasará con el problema del agua?
La manifestación surgió por el descontento de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante el suministro de agua turbia, con malos olores y posibles problemas de contaminación.
En su mensaje, Lemus también abordó las inquietudes relacionadas con el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y aseguró que el servicio de agua potable no será privatizado.
Asimismo, sostuvo que la obra no implicará contratar deuda pública ni aumentar las tarifas que pagan los usuarios, y descartó que el suministro sea entregado a una empresa israelí.
Las declaraciones del gobernador ocurren después de varios días de cuestionamientos de organizaciones civiles, estudiantes y ciudadanos, quienes han exigido esclarecer las agresiones y garantizar el derecho a la manifestación pacífica.
JCSC
