Representantes de las comunidades mayas de Pisté y Telchaquillo, donde se encuentran las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Mayapán, respectivamente, solicitaron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca su derecho a administrar y proteger estos espacios. Durante una conferencia encabezada por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, señalaron que la legislación vigente desde 1972 considera los monumentos arqueológicos propiedad de la nación, pero no contempla expresamente la participación de las comunidades originarias en su gestión ni en los beneficios económicos que generan.
En el caso de Mayapán, el presidente del comisariado ejidal de Telchaquillo, Filiberto Martín Uc, pidió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) retomar las negociaciones para establecer un convenio de coadministración, descartar por escrito cualquier intento de expropiación y detener lo que considera una criminalización de los defensores comunitarios. Explicó que la intención no es reemplazar las funciones especializadas del instituto, sino participar en las decisiones sobre un territorio que consideran parte de su patrimonio ancestral. Por su parte, el asesor comunitario Álvaro Mena cuestionó que las autoridades privilegien el aprovechamiento turístico de estos lugares sin reconocer plenamente su significado ceremonial y cultural para los pueblos mayas.
En Pisté, el integrante del Concejo Indígena Pablo Euán denunció que la implementación del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como acceso principal a Chichén Itzá y el cierre del parador tradicional han perjudicado a comerciantes, artesanos, transportistas y guías turísticos. También cuestionó la instalación de una base permanente de la Secretaría de Seguridad Pública en el antiguo parador. Según estadísticas del INAH citadas por los representantes comunitarios, entre junio y septiembre de 2026 se registraron 573 mil 112 visitantes, frente a los 696 mil 363 del mismo periodo de 2025. Ante estas decisiones, el Concejo promovió un amparo el 26 de mayo contra el INAH, el Gobierno estatal y Cultur. El pasado 8 de octubre, un tribunal colegiado determinó que los argumentos comunitarios deberán analizarse al emitir sentencia, por lo que el procedimiento judicial continúa.
Las comunidades sostienen que sus demandas encuentran respaldo en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1991, la legislación federal de protección del patrimonio cultural indígena de 2022 y la reforma constitucional de 2024. Por ello, solicitaron que la nueva ley establezca mecanismos de consulta previa, libre e informada, reconozca sus derechos territoriales y permita la coadministración de los sitios arqueológicos. También pidieron que el artículo segundo constitucional y los compromisos internacionales sean considerados al aplicar la legislación sobre monumentos históricos. La petición surge mientras continúa pendiente el envío de la iniciativa al Congreso de la Unión, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara el 12 de octubre que aún existen aspectos que deben consultarse.
Finalmente, los representantes de Pisté y Telchaquillo reiteraron su disposición a mantener el diálogo con las autoridades federales y estatales para alcanzar acuerdos sobre la protección y administración de sus lugares sagrados. Euán indicó que, aunque actualmente buscan soluciones mediante los procedimientos legales, cualquier nueva movilización será determinada por la asamblea comunitaria, ante las dificultades económicas que, según denuncian, enfrentan numerosas familias vinculadas con la actividad turística de Chichén Itzá.
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