Un hombre identificado como Arturo Enrique “N”, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y operador de un grupo delictivo, fue detenido en Zapopan, Jalisco, durante un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad. El sujeto contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y otros delitos, además de estar relacionado con investigaciones por ataques contra figuras públicas en Tijuana, Baja California.
La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos de inteligencia, investigación y vigilancia permitieron ubicar la presencia del sospechoso en el municipio de Zapopan. Posteriormente, los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en las inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe.
Arturo Enrique “N” es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra integrantes de las instituciones policiales del estado. Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.
El detenido también cuenta con una orden de aprehensión emitida en octubre de 2023 en Baja California por homicidio calificado. Según las autoridades, se le relaciona con un ataque armado contra un escolta de una exalcaldesa de Tijuana, así como con el homicidio de un exalcalde. Ambos hechos ocurrieron en mayo de ese mismo año.
Tras su captura, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados. Esta autoridad determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento legal.
El Gabinete de Seguridad señaló que mantendrá la coordinación entre las instituciones federales para ejecutar órdenes judiciales, investigar actividades delictivas y contribuir a la seguridad de la población.
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