La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza cambios legales para reducir la participación de intermediarios en el mercado de combustibles, como parte del combate al huachicol fiscal, después de que las autoridades identificaron inconsistencias entre compras y ventas facturadas por 8 mil 824 millones de litros durante 2025.
La mandataria explicó que las investigaciones se concentran en los comercializadores, quienes pueden comprar y vender hidrocarburos sin contar necesariamente con transporte o instalaciones propias. Ese segmento acumuló 72% de los desbalances detectados en la revisión interinstitucional.
“El objetivo incluso es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores”, expresó durante la conferencia matutina.
Sheinbaum señaló que se estudia acotar esta intermediación y simplificar la cadena de suministro. Precisó que las irregularidades investigadas incluyen el ingreso de combustibles con declaraciones falsas y la emisión de facturas que no corresponden con las operaciones reales.
Entre los mecanismos de evasión, describió la declaración de volúmenes menores a los transportados y el ingreso de combustibles identificados como nafta u otros productos químicos para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Previamente, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que las inconsistencias detectadas en las operaciones de 2025 tuvieron un equivalente económico estimado en 61 mil 700 millones de pesos anuales. Además del 72% concentrado en comercializadores, los expendios, entre ellos las gasolineras, acumularon 13%.
La funcionaria explicó que estos hallazgos provienen del intercambio de información entre 16 entidades del gobierno federal, mediante un centro de análisis que cruza facturas, permisos, registros aduaneros, controles volumétricos y datos de transporte.
El seguimiento abarca desde la importación hasta la venta final y permite identificar empresas que facturan más combustible del que adquirieron legalmente, así como operaciones realizadas sin los permisos correspondientes.
González Escobar sostuvo que la revisión de 2025 se realizó con información del ejercicio fiscal cerrado, mientras que las operaciones de 2026 se supervisan de manera permanente. Las inconsistencias detectadas sirven de base para requerimientos y actuaciones de las autoridades administrativas, fiscales y judiciales.
Por su parte, Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, reportó la cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización, además de otros 307 sujetos a procedimientos de sanción y revocación.
Informó que el SAT impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada sus controles volumétricos. También dio cuenta de la baja de 180 empresas del padrón de importadores por contrabando y de la identificación de 175 como factureras.
En materia penal, señaló que el SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 casos por defraudación fiscal, y la Agencia Nacional de Aduanas, 11 por contrabando y falsedad en la declaración de volúmenes de importación.
En el frente del robo de combustible, Pemex presentó 10 mil 674 denuncias. Vidal Amaro añadió que los operativos de las autoridades federales dejaron 2 mil 539 personas detenidas, 5 mil 572 unidades de transporte decomisadas y 173.7 millones de litros de combustibles asegurados.
Al retomar la exposición, Sheinbaum distinguió el huachicol fiscal del robo mediante tomas clandestinas en ductos y afirmó que ambos requieren vigilancia y modernización tecnológica.
La Presidenta destacó que la coordinación con las autoridades aduaneras de Estados Unidos permite contrastar los volúmenes que salen de ese país con los que llegan a México, para detectar diferencias en los cargamentos.
También planteó desarrollar una plataforma pública que permita conocer a las empresas participantes en la cadena de suministro de combustibles. Señaló que el propósito es fortalecer la transparencia, cerrar espacios a la evasión y dar seguimiento a las irregularidades hasta determinar las responsabilidades correspondientes.
Graciela Bravata
