Después de cuatro años de solicitar soluciones a los problemas de abastecimiento de agua, más de 528 familias de la colonia 5 de Marzo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, obtuvieron una resolución judicial que obliga a las autoridades municipales a garantizar el servicio. El fallo, emitido por un juez federal, establece que el Ayuntamiento y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) deberán implementar medidas para mejorar la distribución del líquido y corregir las deficiencias de la infraestructura hidráulica y sanitaria.
El procedimiento fue promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a través de su delegación en Chiapas, en representación de integrantes del Comité del Consejo de Participación Ciudadana y Colaboración Vecinal. Mediante el juicio de amparo 161/2026, los habitantes reclamaron la falta de atención a sus solicitudes presentadas desde 2022. Como parte del proceso, el 17 de marzo de este año se concedió una suspensión definitiva que ordenó proporcionar agua potable por los medios disponibles, tomando como referencia un mínimo de 50 litros diarios por habitante para cubrir sus necesidades básicas.
La sentencia también obliga a las autoridades a revisar la presión y el caudal del agua, limpiar las cajas de válvulas, instalar mecanismos de control y mejorar la distribución mediante una sectorización de la red hidráulica. Asimismo, deberán elaborar un diagnóstico del drenaje y alcantarillado, además de ejecutar acciones para prevenir inundaciones y evitar el colapso de los colectores pluviales. Para atender esta problemática se estableció un plazo máximo de seis meses, contado a partir de que la resolución quede firme. Aunque las autoridades municipales interpusieron un recurso de revisión, el IFDP continuará vigilando el cumplimiento de las medidas cautelares.
La protección judicial también beneficia a estudiantes de dos planteles indígenas de la colonia: el preescolar Netzahualcóyotl y la primaria bilingüe Justo Sierra Méndez, donde se concedieron medidas para asegurar el suministro continuo de agua potable. Las autoridades deberán realizar evaluaciones técnicas y garantizar el abastecimiento durante los trabajos de reparación, incluso mediante pipas cuando sea necesario. La resolución busca proteger el derecho al agua de una comunidad integrada principalmente por habitantes de origen tseltal y tsotsil, así como evitar afectaciones a la salud, la higiene y las actividades educativas.
JCSC
