El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar auditorías externas y un ejercicio emergente de fiscalización para revisar la gestión administrativa de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
El acuerdo contempla revisar adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo correspondientes al periodo 2016-2026, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y fortalecer los controles internos.
La decisión recibió el respaldo de los 10 consejeros electorales en funciones. Entre las medidas aprobadas se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente, además de auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC).
Asimismo, el Consejo General acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible comisión de cinco delitos que involucrarían a la exfuncionaria: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con el señalamiento, las posibles conductas estarían relacionadas con presuntos vínculos de negocios con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Con estas acciones, el INE busca que las autoridades fiscalizadoras y ministeriales revisen los hechos y determinen si existen responsabilidades administrativas o penales. La aprobación de estas medidas no representa, por sí misma, una determinación de culpabilidad.
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