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Home LUGARES COMUNES

¿LA RENDICIÓN DEL AYUNTAMIENTO?

¿Nuestra ciudad está siendo bien administrada? ¿Y bien gobernada? Aunque parezcan preguntas semejantes, no significan lo mismo.

por Ahora Noticias
noviembre 18, 2026
en LUGARES COMUNES, Opinión
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¿Nuestra ciudad está siendo bien administrada? ¿Y bien gobernada? Aunque parezcan preguntas semejantes, no significan lo mismo. La diferencia merece nuestra atención, especialmente ahora que el Ayuntamiento de Centro ha transferido al Gobierno del Estado la administración de algunos de los espacios públicos más representativos de Villahermosa.

Administrar una ciudad significa organizar sus recursos humanos, económicos y materiales para garantizar su funcionamiento cotidiano. Implica mantener calles, parques, alumbrado, drenajes y espacios públicos; prestar servicios, ejercer presupuestos, atender necesidades y procurar que las actividades urbanas se desarrollen adecuadamente. Una buena administración puede mejorar considerablemente nuestra calidad de vida sin necesidad de grandes obras. Su eficacia suele manifestarse en algo tan sencillo como que las cosas funcionen.

Gobernar tiene un alcance diferente. Significa ejercer la autoridad pública, establecer prioridades, formular políticas, construir acuerdos y decidir hacia dónde queremos conducir la ciudad. Mientras la administración se ocupa principalmente de cómo utilizar los recursos y ejecutar las decisiones, gobernar supone determinar qué debe hacerse, por qué y para beneficio de quiénes. Ambas responsabilidades están relacionadas, pero una administración eficiente no garantiza necesariamente un buen gobierno, como tampoco una visión acertada de ciudad asegura que exista capacidad para realizarla.

Esta distinción adquiere particular relevancia frente a una decisión reciente que merece ser conocida y comprendida por los ciudadanos.

En agosto de 2026, el Ayuntamiento de Centro formalizó la transferencia de la operación de Plaza de Armas y Plaza Bicentenario al Gobierno del Estado. Posteriormente, el 23 de octubre, el Cabildo aprobó por unanimidad el traspaso de los malecones Carlos A. Madrazo Becerra y Leandro Rovirosa Wade, incluyendo responsabilidades de mantenimiento, conservación y operación. La medida forma parte de una estrategia anunciada para recuperar estos espacios y reactivar la actividad económica, turística y social de la zona ribereña.

Conviene precisar algo: no se ha documentado una transferencia de todo el Centro Histórico, sino de determinados espacios públicos. La administración municipal conserva otras responsabilidades sobre la zona, mientras ambos órdenes de gobierno han anunciado que continuarán coordinando actividades.

¿Es pertinente esta decisión?

En principio, puede serlo. El Gobierno del Estado dispone de capacidades presupuestales, institucionales y de coordinación que podrían favorecer intervenciones de mayor alcance. La concentración de determinadas responsabilidades operativas también puede evitar duplicidades y facilitar el mantenimiento continuo. Pero su conveniencia no depende solamente de quién administra los espacios, sino de qué se pretende conseguir con ellos, cómo se tomarán las decisiones y quién responderá por sus resultados.

En Villahermosa, lo documentado corresponde fundamentalmente a una transferencia de responsabilidades administrativas, acompañada de una intención de intervención urbana más amplia. Para comprender sus verdaderos alcances necesitaríamos conocer los convenios, las atribuciones que conserva el municipio y los mecanismos de decisión conjunta. Las competencias legales del Ayuntamiento no desaparecen por entregar la operación de determinados espacios.

Pero hay preguntas que trascienden los procedimientos administrativos. ¿Por qué el Ayuntamiento considera conveniente ceder responsabilidades que hasta ahora le correspondían? ¿Cuáles fueron las causas, las prioridades y los criterios que motivaron esa decisión? ¿Qué resultados se esperan y quiénes serán sus beneficiarios?

La experiencia reciente del malecón debería ocupar un lugar importante en esta discusión. Su reconstrucción representó una inversión pública considerable y casi dos años de afectaciones a la actividad económica de su entorno. La Cámara de Comercio reportó pérdidas millonarias y el cierre de numerosos establecimientos durante ese periodo. Se presentó como una obra destinada a mejorar las condiciones del sector, pero su conclusión física no demuestra que haya cumplido sus objetivos urbanos y económicos.

¿Se evaluaron los efectos económicos y urbanos de aquella intervención antes de decidir una nueva inversión? ¿Se contrastaron sus resultados con los beneficios anunciados? El dinero público es limitado y cada decisión de inversión implica renunciar a otras posibilidades. Antes de volver a intervenir el mismo territorio, sería razonable conocer qué se consiguió, qué problemas permanecen y qué justifica destinar nuevamente recursos a esa zona. Una obra terminada no es necesariamente un problema resuelto.

También debemos considerar cómo se distribuirán los beneficios y las consecuencias de una nueva intervención. Los propietarios de inmuebles, comerciantes y prestadores de servicios podrían experimentar incrementos en el valor de sus propiedades, nuevas oportunidades económicas o afectaciones derivadas de las modificaciones urbanas. Nada de esto es necesariamente inconveniente, pero una inversión financiada con recursos colectivos debe poder explicar sus beneficios públicos y los efectos particulares que razonablemente se prevén.

Hay además una cuestión relacionada con la manera de gobernar. El Ayuntamiento y el Gobierno del Estado han informado sobre la transferencia de responsabilidades, pero anunciar un acuerdo no equivale a explicarlo. Una decisión de esta importancia merece que los ciudadanos conozcamos sus causas, las prioridades establecidas, los recursos comprometidos, las consecuencias previstas y los resultados que se esperan. Los documentos oficiales pueden existir y estar disponibles para consulta, pero eso no sustituye la responsabilidad de explicar públicamente lo que se ha decidido sobre nuestros espacios comunes.

¿Y en qué punto estamos? El Gobierno del Estado ha anunciado una inversión de 90 millones de pesos para la recuperación de los corredores ribereños. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas informó que realizaba revisiones físicas y jurídicas para integrar el proyecto, considerando vialidades, estacionamientos, señalización y condiciones para la actividad comercial y hotelera. Sin embargo, todavía no conocemos suficientemente sus alcances definitivos, etapas de ejecución y mecanismos para evaluar sus resultados.

La cuestión de fondo es si esta reorganización permitirá pasar del mantenimiento de espacios aislados a una estrategia urbana integral. Porque el malecón no funciona independientemente de las calles que lo alimentan, los edificios que lo acompañan, el comercio, la vivienda, el transporte y el propio río. Mejorar sus instalaciones puede hacerlo más atractivo, pero recuperar su relación con la ciudad exige decisiones que trascienden la limpieza, la jardinería y el alumbrado.

Tampoco debemos confundir la coordinación institucional con la renuncia a las responsabilidades. Que dos gobiernos colaboren puede ser una ventaja considerable; que sus atribuciones se vuelvan difíciles de distinguir sería un inconveniente. La ciudadanía necesita saber quién decide, quién ejecuta, quién financia, quién supervisa y ante quién puede reclamar cuando algo no funciona.

Y aquí regresamos a nuestras preguntas iniciales.

Tal vez lo primero sea preguntarnos cuánto sabemos realmente de esta decisión. ¿Conocíamos la transferencia de responsabilidades? ¿Comprendemos sus razones y sus posibles consecuencias? ¿Tenemos información suficiente para valorar si esta nueva inversión responde a una estrategia de ciudad o simplemente a otra intervención sobre el mismo territorio? ¿Será una buena inversión para Villahermosa u otro experimento fallido? Y, con lo que sabemos hasta ahora, ¿estamos de acuerdo?

Es momento de interesarnos más por la administración de nuestra ciudad. Para conocerla, comprenderla, aprobarla o desaprobarla, pero sobre todo para formar nuestro propio criterio y asumir la responsabilidad de participar en sus asuntos.

Después de todo, la ciudad que administran y gobiernan nuestras autoridades es la misma que nosotros habitamos, utilizamos y compartimos cada día.

 

Rudy Lara Alvarez

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