Diputados y senadores proyectan un incremento de 3.4%, en términos reales, de su presupuesto; ello al solicitar más de 18,069 millones de pesos para sus trabajos del ejercicio fiscal 2025.
A través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el Poder Legislativo, integrado por ambas del Congreso de la Unión, solicitó una bolsa de 18,069 millones 576,502 pesos, de los cuales, 9,602 millones 671,330 pesos serán para la Cámara de Diputados; 5,227 millones 717,038 pesos para la Cámara de Senadores y 3,239 millones 188,134 pesos para la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dichos recursos representan un incremento de 1,308 millones 947,098 pesos, en términos nominales, en comparación con los 16,760 millones 629,404 pesos que les fueron aprobados en 2024. No obstante, ante los efectos de la inflación, su incremento real será de sólo 588 millones 736,489 pesos, es decir, 3.4% en términos reales.
Al justificar la solicitud de estos recursos, la Cámara de Diputados argumentó que este dinero, resulta necesario para el desarrollo y cumplimiento del quehacer legislativo, los compromisos contractuales y laborales, así como atender las necesidades de operación en los rubros de nómina de empleados, adquisiciones de materiales, servicios básicos, mantenimiento a bienes muebles e inmuebles, infraestructura y obra pública.
Según San Lázaro, “estos requerimientos presupuestarios se formularon con base en el marco de racionalidad y austeridad del gasto sin afectar la función sustantiva de esta Soberanía… Esta Cámara de Diputados busca promover el uso óptimo de los recursos asignados, cuidando garantizar su actividad legislativa, parlamentaria y administrativa, impulsando el bienestar del país mediante la creación de leyes que satisfagan las necesidades de la sociedad en esta materia”.
En tanto, la Cámara de Senadores sostuvo que su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 resalta el compromiso de mantener una disciplina financiera atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también atendiendo lo establecido en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria en el ejercicio del gasto.
