La empresa mexicana El Oso, que el 6 de enero pasado cumplió 107 años, presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia local por «el desalojo ilegal» del pasado 17 de enero, en el que tras la irrupción de alrededor de 150 sujetos fueron robados 26 millones de pesos, dos de ellos en efectivo, así como en mercancía, equipo de cómputo y telefonía celular, aseguró el representante legal de la empresa, Mario Alberto Cardona Flores.
Dijo que la diligencia fue ordenada por la juez décimo primero civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, aseguró que se realizó «de manera ilegal y por demás irresponsable tomando en consideración que en la empresa se encontraban laborando personas adultas mayores y con capacidades diferentes».
El representante legal comentó que existe un juicio de tipo inmobiliario, luego de que dos mujeres que son hermanas disputaban la propiedad del predio,ubicado en la esquina del Eje Central y el Eje 8 Sur avenida Popocatépetl, con sus representados que son familiares; sin embargo, aseguró que ese juicio no había finalizado.
Precisó que las mujeres hermanas no son dueñas ni accionistas de El Oso.
Comentó que los sujetos desconocidos, algunos cubiertos del rostro, brincaron la barda de la propiedad apoyados por una escalera, y luego destrozaron el acceso principal, lo que permitió que siguieran entrando más personas.
Mientras, al menos 12 elementos policiacos, algunos de ellos con el rostro cubierto, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local permanecieron en las inmediaciones de la fábrica.
Mencionó que existen otras dos denuncias penales de los años 2023 y 2024 por los delitos de extorsión en la FGJ de las cuales prefirió no dar más detalles ni especificar si en algún momento sus representados entregaron dinero a los supuestos extorsionadores.
Tampoco dio a conocer si hay algún avance por parte de la FGJ en dicha indagatoria.
En conferencia de prensa, mostró algunos videos en los que se ve parte de lo que ocurrió la noche del viernes 17 de enero y pidió que el Ministerio Público se haga llegar de los videos del C- 5, con el objetivo de conocer hacia dónde se llevaron la mercancía y dinero robados.
Además de aplicar la ley en contra de un sujeto que sin identificarse dijo a una mujer trabajadora que se retirara, porque habría detenciones.
Insistió en que se trató de «un acto de vandalismo, de irregularidad, de arbitrariedad, pues se le atribuyó de primer momento a las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de nuestra legislación; y en segundo momento a este servidor público que permitió excesos, que permitió actos de latrocinio, de robo, de sustracción, de destrozo a la empresa».
En los días por venir dijo que espera que exista algún pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia del desalojo que insistió fue ilegal.
Comentó que no volverá a operar la empresa en dicho predio y estimó que a partir del próximo 10 de febrero puedan iniciar las operaciones la segunda planta de la empresa El Oso.
