La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe asumir la investigación sobre el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Este predio, asegurado desde septiembre de 2024 por la fiscalía estatal, fue identificado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que el proceso ha estado en manos de la fiscalía de Jalisco por un tiempo considerable y que ahora es necesario que la FGR tome el control para garantizar una investigación a fondo. “Hay muchos problemas con esa investigación, se necesita que la Fiscalía General de la República tome el predio y haga las indagatorias correspondientes”, expresó.
El llamado de la presidenta ocurre tras la detención en la Ciudad de México de José Gregorio, alias “El Lastra”, identificado como responsable del reclutamiento de personas mediante ofertas de trabajo engañosas en redes sociales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este individuo operó en el rancho de mayo de 2024 a marzo de 2025.
Desde el 12 de marzo, Sheinbaum solicitó formalmente que la FGR atrajera el caso y enfatizó la importancia de una investigación coordinada para deslindar responsabilidades. Seis días después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, participó en una reunión de seguridad en Palacio Nacional, donde se acordó que la fiscalía estatal colaboraría con la federal.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que la investigación local presentó omisiones graves. Denunció que, pese a las evidencias, no se realizó un rastreo adecuado de indicios y huellas en el predio. También indicó que en el rancho se encontraron restos humanos y criticó a las autoridades municipales y estatales por no haber actuado con la debida diligencia.
El 19 de marzo, el fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, anunció que el expediente del caso sería entregado a la Delegación de la FGR en la entidad, lo que permitirá que la dependencia federal asuma oficialmente la investigación. Aseguró que el estado no pretende evadir su responsabilidad, aunque reconoció la gravedad de las observaciones hechas por Gertz Manero.
El caso del rancho Izaguirre cobró relevancia pública el 7 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos. A través de una transmisión en redes sociales, mostraron prendas de ropa, maletas y objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas.
La exigencia de justicia y el esclarecimiento de los hechos continúan en el centro del debate, mientras se espera que la FGR tome el control total de la investigación.
