A partir del primer minuto del lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han iniciado un paro indefinido de labores en respuesta a la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manifestación tuvo lugar en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde un grupo de aproximadamente cincuenta trabajadores se congregó, colgando mantas con mensajes como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras” y utilizando cadenas y candados en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La protesta se ha extendido a diversas entidades del país, incluyendo Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Chetumal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y Nayarit, con el objetivo de mostrar su rechazo a la reforma, la cual consideran “agresiva”. Los trabajadores del PJF han decidido realizar este paro indefinido para manifestar su desacuerdo con las propuestas de reforma que, según ellos, buscan someter al Poder Judicial de la Federación, el último contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos del pueblo mexicano frente a abusos y arbitrariedades de las autoridades.
En el comunicado emitido por los manifestantes, se señala la urgencia de que la ciudadanía conozca que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende alterar significativamente la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, lo que podría tener consecuencias graves para el ejercicio de la justicia en México. Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), el nuevo dictamen, que será discutido próximamente en el Congreso, no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores del PJF.
Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, ha declarado a Milenio que la reforma presentada por el presidente López Obrador “borra de un plumazo” la trayectoria y los esfuerzos de quienes buscan avanzar en la carrera judicial en México. En respuesta a la publicación del nuevo dictamen, un grupo de trabajadores decidió iniciar el paro de labores antes de lo previsto.
El pasado 13 y 14 de agosto, las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del PJF acordaron participar en un movimiento de suspensión de labores, en espera del contenido del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que debía asegurar la protección de sus derechos laborales y prestaciones. Sin embargo, ante la publicación del nuevo dictamen, la decisión fue avanzar con el paro de manera inmediata.
Es importante destacar que los juzgadores federales no están participando en este primer momento del paro, ya que decidirán mediante voto si se suman a la huelga. En cuanto al dictamen de reforma, este incluye profundas modificaciones dirigidas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.
Entre las modificaciones clave se encuentran:
- Reducción del Número de Ministros: La reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Además, establece que las sesiones de la SCJN sean públicas y que la presidencia se renueve de manera rotativa cada dos años mediante votación.
- Modificación en el Periodo de Mandato: La reforma disminuye el periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años y elimina el derecho a haber por retiro. Los magistrados del Tribunal Electoral tendrán un mandato de seis años, mientras que los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito permanecerán en sus cargos por nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.
- Cambio en el Proceso de Selección: La reforma propone que los ministros, magistrados y jueces sean electos mediante un proceso coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los candidatos deberán tener al menos 35 años, un título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, y al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas.
- Nueva Administración y Disciplina: El Senado perderá la facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá a un Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
- Regulación de Remuneraciones: La reforma establece que la remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y prohíbe la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.
Esta propuesta de reforma ha generado una gran preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes temen que estas modificaciones afecten gravemente su labor y los derechos adquiridos a lo largo de los años. El próximo paso será la discusión y votación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, lo que determinará el futuro de esta reforma y su impacto en el sistema judicial del país.
