La autoridad judicial declaró inconstitucionales los cobros por la expedición de copias y certificaciones de documentos en los ayuntamientos de Salina Cruz, San Lorenzo Albarradas, Coatecas Altas, Tanetze de Zaragoza, Silacayoápam y Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, cuando estos no están relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
El fallo indicó que «las disposiciones eran desproporcionadas, ya que no guardaban una relación razonable entre el costo de los materiales y las cuotas establecidas. Además, la certificación de documentos no genera un costo adicional para los municipios».
Asimismo, en los municipios de Ocotlán de Morelos, Salina Cruz, Zimatlán de Álvarez, Acatlán de Pérez Figueroa, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz y Tanetze de Zaragoza, en el Distrito de Villa Alta, se invalidaron infracciones relacionadas con escándalos en la vía pública o molestias generadas, así como acciones u omisiones que favorezcan el ocultamiento de vagos y malvivientes o que impidan el libre tránsito, además de faltas de respeto, agresiones verbales o injurias.
