Un juez federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump no implementar la norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.
El fallo calificó de «excepcionalmente débil» la justificación presentada por la Administración para emitir la regla.
El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, cuestionó en su resolución el propósito real de la medida.
«(La norma) plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas», escribió el juez en su fallo temporal.
La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.
La norma, que entraría en vigor este mes, establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión.
Los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite máximo de 90 días.
El juez indicó en su orden temporal que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo.
El bloqueo es temporal mientras se desarrolla la demanda presentada por una coalición de asociaciones de educadores y sindicatos, que alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no evaluó adecuadamente» sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público y no consideró alternativas menos onerosas.
Los demandantes también alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un periodo de consulta pública adecuado.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que encabeza la demanda, indicó en un comunicado que la norma «menoscabará gravemente» las contribuciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
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