Una red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas acumuló contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos con organismos públicos locales electorales entre 2015 y 2025. Una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis compañías relacionadas con ambos empresarios y señala presuntos mecanismos de simulación de competencia en licitaciones públicas, en un entramado cuyos antecedentes se remontan a la década de 1980.
El expediente cobra relevancia ante el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que las presuntas irregularidades no surgieron con la actual presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei, sino que vienen de administraciones anteriores. En ese contexto, cuestionó por qué Lorenzo Córdova Vianello, quien presidió el organismo de 2014 a 2023, no intervino ante los problemas que, sostuvo, tenía conocimiento y podía revisar.
Los antecedentes de los hermanos en la administración pública se remontan a 1983, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. En 1989, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, ambos se incorporaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN): José Alfredo como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar y Raymundo en el área de Investigaciones.
En el ámbito empresarial, Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo, fue constituida en 1988, mientras que Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo, se creó en 1992. En 1999, la primera obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar materiales electorales. Los señalamientos de presuntas irregularidades en ese proceso derivaron en un escándalo que culminó con la renuncia de siete consejeros electorales en 2005.
La expansión de sus negocios alcanzó organismos electorales de distintas entidades, entre ellas Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos, periodo que coincidió con la presidencia de Córdova en el INE.
El año 2021 concentró el mayor monto anual, con 908 millones de pesos. En 2024 y 2025, las compañías obtuvieron otros 646.3 millones de pesos en adjudicaciones de 15 organismos electorales locales.
Las seis compañías identificadas son Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. Según la investigación de la Secretaría Anticorrupción, el presunto mecanismo consistía en que varias empresas relacionadas participaran en una misma licitación con ofertas simuladas para aparentar competencia y favorecer la adjudicación a una de ellas.
El expediente también señala posibles vínculos corporativos y familiares, empresas sin capacidad operativa suficiente y el uso de personas vulnerables como presuntos prestanombres. Se trata de señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existieron irregularidades y responsabilidades.
Sheinbaum sostuvo que corresponde a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades y si aún es posible fincarlas. Por ello, pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar las contrataciones desde administraciones anteriores, esclarecer cómo operó la presunta red y establecer qué ocurrió, para evitar que estas prácticas continúen.
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