La administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) será objeto de nuevas revisiones financieras y administrativas, luego de que el Consejo General aprobara por unanimidad solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la realización de auditorías externas para examinar contrataciones y manejo de recursos durante su gestión.
La propuesta, impulsada por la consejera Carla Humphrey, contempla una fiscalización extraordinaria de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo electoral. Los 10 consejeros en funciones también acordaron solicitar revisiones al Órgano Interno de Control (OIC), con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión y esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades.
Además de las auditorías, el Consejo General determinó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que valore la posible existencia de conductas delictivas. Entre los hechos señalados para su eventual investigación figuran presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones, relacionados con supuestos vínculos comerciales entre la exconsejera presidenta y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo consideró necesario que la FGR evalúe iniciar diligencias de oficio ante los cuestionamientos sobre la administración anterior. Las revisiones solicitadas buscarán determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos y los procesos de contratación, mientras que corresponderá a las autoridades competentes establecer, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes.
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