Desde 1994, México, Estados Unidos y Canadá se encuentran unidos por un tratado de libre comercio. Se trata de un acuerdo internacional mediante el cual los países establecen normas para regular sus exportaciones e importaciones, con el objetivo de reducir las barreras al intercambio y facilitar la libre circulación de bienes, servicios y capitales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 y vigente desde 1994, fue sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estados Unidos es el principal socio comercial de México. En 2025, el 83% de las exportaciones mexicanas tuvo como destino ese país. En contraste, únicamente el 37% de las importaciones nacionales provinieron de Estados Unidos, seguido de China con el 20%. Históricamente, México ha mantenido un superávit comercial frente a su vecino del norte, es decir, exporta más de lo que importa. Como consecuencia, Estados Unidos registra un déficit comercial en su intercambio con México. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ascendieron a 534,874 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de ese país alcanzaron 337,960 millones, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio estadounidense. El saldo fue un superávit para México de 196,913 millones de dólares.
La tendencia tampoco parece haberse modificado de manera sustancial tras la imposición de aranceles por parte de la administración Trump. Tan solo en abril de 2026, la Secretaría de Economía reportó exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos por alrededor de 70 mil millones de dólares, frente a importaciones por 64 mil millones. Desde la perspectiva de la administración Trump y de un sector del movimiento MAGA, este déficit constituye un desequilibrio que la política comercial estadounidense debe corregir. En ese contexto, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para renegociar algunos de sus términos.
Este año se activó la cláusula de revisión o sunset clause del T-MEC, prevista en el artículo 34.7.2. Conforme al tratado, los tres países debían expresar su voluntad de extender el acuerdo por otros dieciséis años. México y Canadá manifestaron su respaldo; Estados Unidos no lo hizo. ¿Significa esto el fin del T-MEC? No necesariamente. El propio artículo 34.7.4 establece que, si alguno de los socios decide no extender el acuerdo en ese momento, los tres gobiernos deberán reunirse anualmente para revisar su funcionamiento hasta alcanzar una decisión definitiva.
La internacionalista Raquel López-Portillo Maltos resume este mecanismo con una metáfora sugerente en su columna «T-MEC: de tratado a contrato anual». A partir de ahora, sostiene, el acuerdo deja de comportarse como un tratado con horizonte de largo plazo y pasa a asemejarse a un contrato sujeto a revisiones periódicas. Este escenario no implica, por sí mismo, un desenlace adverso para México. De hecho, Viri Ríos sostiene que incluso podría representar una oportunidad por tres razones: 1) Trump no quiere cancelar el tratado, que por cierto él terminó de negociar, 2) México podría revisar el acuerdo con una nueva administración estadounidense, por ejemplo en 2028, con un gobierno demócrata o una facción más moderada del Partido Republicano; y 3) firmar un nuevo texto bajo la administración de Trump implicaría condenarse a vivir 16 años más bajo las políticas trumpistas.
Una conclusión similar plantea María Cristina Rosas en su artículo “¿Está muerto el T-MEC?”. La autora sostiene que desmantelar el tratado tendría costos económicos elevados para Estados Unidos. Por cada dólar de bienes manufacturados que México exporta a ese país, alrededor de treinta centavos corresponden a componentes producidos en territorio estadounidense. A ello se suma la profunda integración energética con Canadá: Alberta abastece más del 85% del petróleo canadiense exportado a Estados Unidos y Nueva York obtiene cerca del 20% de su electricidad de Hydro-Québec. Además, las tasas de desempleo no han respondido a como Trump esperaba, luego de aplicar aranceles. En ese contexto, perder más empleos sería desastroso para el gobierno republicano. Por último, aunque el presidente estadounidense quisiera dos acuerdos separados con Canadá y México, esto no tendría sentido ya que ya tienen uno en operaciones.
En conjunto, estas interpretaciones apuntan hacia una misma conclusión: el principal riesgo para América del Norte no parece ser la desaparición del T-MEC, sino la renegociación de sus términos bajo una lógica más favorable a los intereses industriales estadounidenses. Sin embargo, el proceso de revisión genera un costo inmediato: la incertidumbre. La creación de escenarios de incertidumbre como herramienta de negociación ha sido una característica recurrente de Donald Trump. En ese contexto, las reglas de origen se perfilan como uno de los temas centrales de la revisión.
Las reglas de origen determinan qué porcentaje de un producto debe producirse dentro de América del Norte para acceder a las preferencias arancelarias del tratado. Durante la negociación del actual T-MEC, Estados Unidos impulsó un incremento en los requisitos de contenido regional, especialmente para la industria automotriz. Ahora podría intentar avanzar un paso más al promover un mayor contenido específicamente estadounidense dentro de los bienes producidos en la región. Desde la perspectiva de Washington, una modificación de estas reglas permitiría que una mayor proporción del valor agregado permaneciera en territorio estadounidense mediante la incorporación de más insumos, procesos y componentes nacionales, fortaleciendo así la producción industrial, la rentabilidad de sus empresas y el empleo manufacturero. Queda por verse si México y Canadá aceptarán una modificación de esa magnitud o defenderán el actual esquema de integración regional.
La revisión del T-MEC forma parte de una transformación más amplia de la política económica estadounidense. Durante décadas, Washington promovió el libre comercio como uno de los pilares del orden económico internacional. El trumpismo, en cambio, parte de un diagnóstico distinto: considera que la globalización aceleró la pérdida de capacidades industriales y debilitó el empleo manufacturero estadounidense al incentivar la relocalización de plantas productivas hacia países con menores costos laborales.
Ese cambio de enfoque puede observarse en el documento «Fundamentos económicos para la economía real», elaborado por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, donde sostiene que «la teoría comercial debe actualizarse para contemplar los aranceles, la política industrial y los costos de la globalización». Más que un cuestionamiento al comercio internacional en sí mismo, esta postura refleja una redefinición de sus objetivos. La discusión ya no gira únicamente en torno a la apertura de los mercados, sino a la manera en que los beneficios de esa integración se distribuyen entre los países participantes.
Más que preguntarnos si el T-MEC sobrevivirá, la cuestión central consiste en determinar bajo qué condiciones lo hará. Todo indica que Washington no busca desmantelar la integración económica de América del Norte, sino redefinir sus reglas para que una mayor proporción del valor agregado permanezca dentro de Estados Unidos. Comprender esa lógica será fundamental para anticipar el rumbo de las negociaciones que definirán el futuro económico de la región.
Por: Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez
