En México, pedir justicia no debería doler más que la violencia vivida. Y, sin embargo, demasiadas mujeres siguen chocando con el muro frío de la burocracia: “no trae testigos”, “vuelva mañana”, “así no se denuncia”. Eso tiene nombre: revictimización. Y tiene raíces: corrupción, influyentismo, amiguismos y criterios discrecionales en las áreas que deberían protegernos—ministerios públicos, fiscalías especializadas, áreas periciales y ventanillas “de género”.
Los números desmontan cualquier intento de minimizar el problema. En Tabasco, Jalisco y la Ciudad de México, las cifras de violencia familiar, feminicidios y agresiones sexuales se mantienen elevadas, con miles de carpetas abiertas año con año. Pero más allá del conteo, lo que se repite es el calvario: mujeres que acuden a denunciar y encuentran trámites que se alargan, valoraciones periciales tardías y atenciones que juzgan a la víctima antes que al agresor.
El Estado mexicano ha creado estructuras para enfrentar la violencia: la FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), las fiscalías locales y el andamiaje de la Alerta de Violencia de Género. Pero la efectividad no se mide en organigramas: se mide en tiempos de respuesta, medidas cautelares oportunas y sentencias. Y allí es donde todo se quiebra.
La otra cara: pensiones, hijos e impunidad emocional
En este panorama también crece otra violencia silenciosa: padres que se niegan a cumplir con la pensión alimenticia, que ponen a hijas e hijos en contra de sus madres, o que utilizan los procesos judiciales como armas de desgaste. Es doblemente cruel porque, al final, los más afectados son los menores.
Lo que un día fue amor puede convertirse en el escenario de batallas legales interminables. Y lo que debería ser protección se convierte en una herida emocional profunda para quienes menos culpa tienen. Esos niños y niñas que hoy se ven arrastrados a pleitos que no pidieron, mañana pueden cargar con complejos, inseguridades y una incapacidad para enfrentar la vida con libertad y confianza. Allí también se está incubando violencia futura.
¿Qué exige hoy la sororidad institucional?
No hablamos de un “favor” a las víctimas; hablamos de obligaciones legales. Sororidad, en clave de política pública, es:
- Atención sin juicios en el primer contacto. Protocolos que prohíban preguntas culpabilizadoras y sancionen la dilación injustificada.
- Medidas de protección inmediatas y seguimiento en 24–48 horas: botón de pánico funcional, órdenes de restricción ejecutadas y monitoreadas, refugio y apoyo psicosocial.
- Cadena de custodia y peritajes con perspectiva de género: NOM-046 aplicada sin excusas y sin “regateos” morales.
- Carpetas bien integradas en tiempos razonables; donde falle la integración, debe haber responsables administrativos y penales.
- Rendición de cuentas pública: tableros de desempeño por agencia y fiscalía (tiempos, medidas dictadas, judicializaciones, sentencias).
- Contralorías y órganos internos que investiguen influyentismo y corrupción en ventanillas sensibles.
- Presupuesto blindado para refugios, asesoría jurídica y periciales.
Lo que deben responder hoy las instituciones
Secretarías de las Mujeres (federal y estatales): ¿qué metas trimestrales están cumpliendo? ¿Cuántas medidas de protección dictan y verifican?
Fiscalías y agencias especializadas: ¿en qué va la reestructuración prometida y cómo se traduce en más casos judicializados?
Consejos y alertas de género: ¿qué acciones correctivas han derivado de sus recomendaciones y qué impacto tuvieron en los tiempos de respuesta?
Presupuesto 2025: ¿hubo refuerzos o recortes a la política de género? El discurso debe acompañarse de recursos y de evaluaciones externas.
Nuevo Poder Judicial: a partir de su renovación, el país espera juezas y jueces que trabajen con sensibilidad, rapidez y perspectiva de género. La verdadera transformación se verá si cada resolución judicial deja de ser trámite frío y se convierte en justicia pronta y efectiva para las víctimas.
Cerrar la puerta a la revictimización
La empatía y la sororidad no son discursos motivacionales: son estándares medibles. La administración pública—en todos sus niveles—debe entender que una mujer que denuncia no puede pasar por cinco ventanillas, ni explicar su dolor a tres funcionarios distintos, ni esperar semanas una medida cautelar.
México es hoy gobernado por una mujer presidenta. Eso abre una oportunidad histórica para que el mensaje sea contundente de arriba hacia abajo: cero impunidad y cero revictimización. Pero el cambio real se juega en la agencia del barrio, en la mesa del MP, en la coordinación pericial y en el juzgado donde se decide si una medida se cumple o se simula.
Sororidad institucional es que ninguna mujer vuelva a salir de una oficina del Estado sintiéndose más sola de lo que entró. Y que ningún niño o niña tenga que pagar con su futuro los errores, la indiferencia y las violencias de los adultos.
Porque al final, lo que un día fue amor puede ser la muerte de mañana en muchos aspectos.
POR: Grace Bravata
