El pasado 05 de diciembre, se llevó a cabo la presentación del texto “La educación para la paz. Motor de la democracia” de Pablo Romo Cedano. Lo anterior, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Publicada por el Instituto Nacional Electoral, esta obra forma parte de la colección Conferencias magistrales. Temas de la democracia y es una más de las actividades que realiza la autoridad electoral para inculcar la educación cívica en la ciudadanía.
Quisiera reflexionar con ustedes sobre este trabajo porque en México no hemos dimensionado lo suficiente la necesidad de apostar por la construcción de una agenda de educación para la paz.
Definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el proceso integral que busca inculcar en las personas los valores, actitudes y habilidades necesarias para prevenir la violencia y resolver conflictos de manera pacífica, la educación para la paz es una solución a los problemas del sistema nacional de justicia que, como país, estimo no hemos explorado como se debe.
Conforme a lo explicado por el autor en la obra, este modelo no sólo tiene como punto de partida la enseñanza de los derechos y deberes individuales y colectivos. Ahora, considera crucial para el empoderamiento de la ciudadanía la promoción de la tolerancia y la acción directa para demandar justicia. Por tanto, nos dice Romo Cedano, la educación para la paz comenzó a alinearse con movimientos sociales más amplios que buscaban tanto la ausencia de la guerra como la construcción de una paz positiva basada en la equidad y el respeto a la dignidad humana.
Por las razones anteriores, es que debemos conjuntar esfuerzos autoridades y sociedad civil para explorar tácticas de pacificación que aterricen en las zonas del país más afectadas por el crimen. Temas como la violencia de género, el racismo y las desigualdades económicas son tópicos de la educación para la paz del siglo XXI. Problemáticas muy presentes en nuestra sociedad actualmente.
Necesitamos decirlo con franqueza: pese a los avances en la disminución de la pobreza, vivimos en un país que continúa siendo sumamente desigual. En el que tenemos más de ciento veinte mil personas desaparecidas y con un promedio de diez mujeres asesinadas por día. México es una nación en la que la ciudadanía cree más en la Marina y el Ejército que en las personas juzgadoras y que tiene muy poca confianza en las fiscalías. Ello, conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2024.
Para construir un país más democrático requerimos despojarnos del punitivismo. Dejar de legislar pensando en castigar a las personas y adoptar modelos de leyes en los que la prevención a partir de la educación sea verdaderamente el motor de cambio. Incrementar las penas y los delitos que representan prisión automática no han logrado en todos estos años disminuir las cifras de incidencia delictiva.
Como bien apunta Pablo Romo, en un contexto como el mexicano, donde la violencia es omnipresente, la educación para la no violencia puede ser transformadora. Pero esto requiere que enseñemos en las aulas, en casa, en los trabajos, en todos lados, el rechazo a la violencia como medio de solución de conflictos.
Sabemos qué queremos —pacificar el país y aumentar la confianza en las instituciones de justicia—, pero nos está faltando el cómo. La educación para la paz es una herramienta que se presenta como la vía para lograrlo. No es un esfuerzo nuevo. No obstante, no ha sido la base para edificar las políticas públicas de procuración y administración de justicia. Es tiempo de voltear a verla y con base en ella construir la justicia que queremos.
Por: Santiago Chablé (WCLS)
