La idea de la reforma electoral ronda desde el sexenio pasado. Con los denominados Planes A y B, cuyo fracaso desencadenó el Plan C, consumado tras la obtención de la mayoría calificada por Morena y sus aliados, necesaria para la aprobación de reformas constitucionales que le permitieran consolidar su proyecto de nación, como lo fue la reforma judicial.
Ahora, realizada la elección judicial y con las nuevas personas juzgadoras a semanas de rendir protesta ante el Senado de la República, el escenario está puesto para retomar los planes de refundar el sistema electoral mexicano.
En México, los cambios a las reglas electorales son algo habitual después de las elecciones presidenciales. Luego de la crisis del 88 nació el Instituto Federal Electoral. Después de 1994, vio la luz el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y terminó el sistema de calificación partidista de los comicios. Para 2007 se reformó la Constitución para prohibir la participación de personas del servicio público en las elecciones. En 2014, se creó el Instituto Nacional Electoral y se centralizó la fiscalización.
Solamente después de 2018 no tuvimos un ajuste a las leyes electorales, producto de que la oposición detuvo en el Congreso el Plan A y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Plan B. Sin esa contención institucional, la coalición gobernante tiene el camino abierto para modificar a profundidad el sistema político y electoral. Sin embargo, en mi opinión, una reforma exitosa requiere de concesiones y compromisos.
Aunque la coalición Morena, Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo tengan los números para reformar a su gusto la Constitución y las leyes secundarias, una reforma electoral que no escuche a la oposición no va acorde con el espíritu democrático y pondría en duda la legitimidad del nuevo sistema. Las minorías parlamentarias también tienen algo importante que decir porque representan un sector de la población cuyos intereses deben ser oídos y atendidos.
