En el marco de la discusión sobre la reforma electoral existe un llamado casi unánime: debe aplazarse la elección judicial de 2027. Esto, con la finalidad de que no sean concurrentes los procesos de partidos políticos con aquellos relacionados con la renovación de la segunda mitad de la judicatura federal y los poderes judiciales de algunas entidades federativas.
Aunado a lo anterior, el senador morenista Javier Corral expresó que debe revisarse la reforma judicial antes del próximo año.
Durante una entrevista que brindó en el Senado, el exgobernador de Chihuahua comentó que le preocupaba la impartición de justicia en los estados debido a los casos de desconocimiento y a que las personas titulares de las gubernaturas “se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron”. El senador indicó que debe haber criterios más claros y definidos para la selección de candidaturas. De igual manera dijo que debe prevalecer y privilegiarse la carrera judicial y aplicarse exámenes.
En los foros que llevó a cabo la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se mencionó la necesidad de hacer ajustes a la Constitución para facilitar la elección de personas juzgadoras. A esos planteamientos se suma el llamado del senador Corral de revisar el diseño de los comicios judiciales.
Si el nombramiento de jueces por voto popular continúa como un no negociable por parte del partido gobernante y sus aliados, entonces es primordial atender el llamado del legislador morenista.
Esto me lleva a retomar una de las propuestas hechas en 2024 por la exconsejera de la judicatura federal, la magistrada Lilia Mónica López Benítez.
En aquel tiempo, la juzgadora federal planteó que debían seleccionarse las candidaturas a partir de personas evaluadas por la Escuela Federal de Formación Judicial. A la boleta llegarían quienes aprobaran los exámenes. Ello garantizaría que los mejores perfiles salieran a las calles para pedir el voto de la ciudadanía.
La revisión de la reforma judicial debe tener como meta facilitar la participación del electorado y garantizar que quienes compitan cuenten con formación, experiencia y solvencia técnica, debido a que la labor de las personas juzgadoras es primordial para la pacificación de los conflictos sociales.
Si la clase gobernante cree que debe subsistir la legitimidad de la judicatura mediante el voto popular, ello no debe significar posteriormente la pérdida de la confianza en jueces y juezas debido a que las sentencias no pasan estándares de calidad.
Como apuntó el senador Corral, y como lo propuso la exconsejera López Benítez, la selección de candidaturas requiere mecanismos de evaluación previos, transparentes y objetivos. Esto no significa cerrar la puerta a la ciudadanía, sino ordenar el proceso. La carrera judicial no es un privilegio corporativo, sino una herramienta para profesionalizar la función jurisdiccional. La cual no debemos romantizar sino ajustar constantemente a las necesidades de la población.
El dilema no es elegir o no elegir. Esa decisión se tomó desde 2024. El dilema es cómo hacerlo sin debilitar la técnica, la independencia y la confianza en los fallos judiciales. Si los ajustes a la justicia son inevitables, deben orientarse en fortalecerla.
La discusión está abierta y cualquier rediseño debe colocar en el centro la calidad de la justicia que recibirán las personas. Porque la legitimidad democrática que se busca necesita bases técnicas para sostenerse.
POR: Santiago Chablé
