El Gobierno de Bukele atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial -que consistía principalmente en el despliegue de Policía y militares en los territorios- y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.
Sin embargo, los datos de homicidios comenzaron a descender en el país desde 2016, según las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al poder.
La medida de excepción, que ha dejado la detención de cerca de 90.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de vigencia, pero continúa generando polémicas por miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Durante la Administración del presidente Bukele, desde 2019, El Salvador ha registrado unos 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones, según datos divulgados recientemente por el mandatario centroamericano en sus redes sociales.
Entre enero y junio de 2025, las cifras difundidas por Bukele, que para el resto de ciudadanos y la prensa se ponen en secreto al momento de solicitarlas, se contabilizaban 38 homicidios y 68 desapariciones.
En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.
Tampoco se brinda la cifra de feminicidios cometidos en el país.
