En una nueva ronda de sanciones, este marte, el gobierno de Estados Unidos impuso una penalización contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, y el juez senegalés Abdoulaye Seye, en el marco de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump contra este tribunal internacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que ambos funcionarios participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción de la institución.
Por lo que Washington sostiene que la Corte Penal Internacional es un organismo presuntamente “politizado” que, a su juicio, ha excedido sus atribuciones y representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y de otros países que no forman parte del Estatuto de Roma.
Las sanciones contemplan restricciones que pueden incluir la prohibición de viajar a Estados Unidos y el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, medidas que la administración Trump ya había aplicado anteriormente contra otros jueces y fiscales de la CPI.
Por su parte, la Corte Penal Internacional condenó las nuevas medidas y afirmó que las sanciones estadounidenses “socavan el Estado de derecho”, al considerar que representan una presión contra funcionarios encargados de aplicar normas de justicia internacional.
Si bien, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma —instrumento mediante el cual se estableció la CPI en 2002— por lo que Washington no reconoce la jurisdicción general del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
La Corte Penal Internacional cuenta con la jurisprudencia para investigar y juzgar casos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuando se cumplen las condiciones establecidas por su marco jurídico.
Las tensiones entre Washington y la CPI se intensificaron durante la administración Trump, particularmente a raíz de las investigaciones relacionadas con Israel.
En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes contra integrantes de Hamás, varios de los cuales posteriormente murieron.
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