El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición de las llamadas bets y de los casinos en línea, en una medida que calificó de “dura”, “drástica” y “necesaria”. El decreto provisional contempla todos los tipos de apuestas digitales y también restringe la publicidad de las empresas del sector.
La disposición entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial y deberá ser analizada por el Congreso brasileño, que tendrá un plazo de 120 días para aprobarla o rechazarla. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó además sobre el envío de un proyecto de ley para convertir en delito la explotación ilegal de apuestas y reforzar el combate al juego clandestino.
Lula defendió la decisión al advertir sobre el impacto económico de las apuestas en los hogares y comparó su expansión con problemas de adicción registrados anteriormente en Brasil. El mandatario ha señalado que el acceso inmediato mediante teléfonos celulares puede contribuir al endeudamiento de las familias.
La medida representa un cambio respecto a la política adoptada en los últimos años. Brasil autorizó las apuestas de cuota fija en 2018 y las reguló en 2023; desde enero de 2025, las empresas con licencia comenzaron a operar bajo un esquema regulado, con impuestos y mecanismos de control. Hasta ahora, 85 compañías habían recibido autorización para operar legalmente.
El sector también enfrenta cuestionamientos por el momento en que fue anunciada la prohibición, debido a que las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 4 de octubre. El senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor, acusó a Lula de realizar una “estafa electoral” y cuestionó que la medida se adopte mediante un decreto provisional. Lula ha defendido que el objetivo es atender el impacto financiero y social de las apuestas.
La decisión generó además preocupación entre clubes de fútbol brasileños, varios de los cuales mantienen contratos de patrocinio con empresas de apuestas. El Flamengo y el Fluminense pidieron considerar una transición ante el impacto que tendría la pérdida de esos ingresos, mientras asociaciones empresariales y compañías autorizadas advirtieron que una prohibición podría desplazar a los usuarios hacia plataformas clandestinas sin los mecanismos de fiscalización y protección existentes en el mercado regulado.
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