El Gobierno del nuevo presidente colombiano, el ultraredechista Abelardo de la Espriella, celebró su primer consejo de seguridad horas después de su investidura, reunión que se prolongó hasta la madrugada de este sábado y en la que discutió con mandos militares, policiales y otras autoridades las primeras medidas destinadas a enfrentar el conflicto armado y las economías ilícitas.
La reunión se realizó bajo «estricta reserva» en Cali, capital del Valle del Cauca, después de la posesión en esa ciudad de De la Espriella, quien pronunció su primer discurso frente a la tropa en el Batallón Pichincha, como era su deseo, y subrayó su intención de combatir sin tregua al «narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla».
«Gobernaré con firmeza para recuperar la seguridad, con transparencia para honrar cada peso de los colombianos y con humildad para escuchar a quienes esperan soluciones, no discursos», manifestó este sábado De la Espriella en su cuenta de X, sobre lo que se propone hacer en su mandato de cuatro años.
Cali es la principal ciudad del suroeste de Colombia, una región duramente golpeada por el conflicto armado por los constantes ataques de las disidencias de las FARC y, en menor medida, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El nuevo Gobierno aún no ha dado detalles de los temas que se discutieron en el consejo de seguridad, pero las autoridades regionales que participaron en la reunión divulgaron algunas de las primeras medidas que se ejecutarán.
«Como resultado de la reunión, se anunció la implementación de una estrategia de articulación intersectorial para combatir las economías ilícitas, priorizar las zonas con mayor afectación en materia de seguridad y reforzar las capacidades de la Fuerza Pública en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano», explicó la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro.
La gobernadora destacó que uno de los principales resultados del encuentro fue la decisión de avanzar en una articulación «entre diferentes sectores del Gobierno, las entidades territoriales y la Fuerza Pública», con el propósito de controlar la criminalidad.
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