Una nueva crisis institucional se desató este viernes 30 de octubre en Varsovia, Polonia, luego de que se anunciara la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión provocó protestas frente a la sede judicial, donde decenas de personas se congregaron para rechazar la medida. La Policía desplegó un operativo de seguridad después de que algunos manifestantes intentaran superar las vallas de protección y lanzaran objetos contra los agentes, incidentes que dejaron tres personas detenidas.
La controversia enfrenta al gobierno del primer ministro Donald Tusk con el presidente polaco, Karol Nawrocki, y dirigentes del partido opositor Ley y Justicia (PiS). La jueza Anna Korwin-Piotrowska confirmó haber ordenado la suspensión de los magistrados, mientras que representantes del tribunal cuestionaron la legalidad de la medida y sostuvieron que sus autoridades permanecen en funciones. Ante la gravedad de los acontecimientos, Nawrocki interrumpió un viaje oficial a Senegal y ordenó el regreso de su avión a Polonia para atender la situación.
El conflicto tiene su origen en las diferencias sobre la integración del Tribunal Constitucional, una institución encargada de revisar que las leyes respeten la Constitución. A principios de 2026, Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces designados por el Parlamento, mientras que Święczkowski impidió que otros magistrados elegidos por la mayoría legislativa asumieran sus cargos. La situación se agravó con el nombramiento de Maciej Berek, asesor jurídico del gobierno de Tusk, a quien el presidente también rechazó incorporar formalmente al tribunal.
La disputa forma parte de una confrontación política que se mantiene desde 2023, cuando Tusk llegó al gobierno con la promesa de recuperar la independencia judicial, después de las reformas impulsadas por el partido Ley y Justicia durante sus ocho años en el poder. Mientras el primer ministro sostiene que las medidas buscan restablecer el Estado de derecho, la oposición considera que representan una intervención indebida sobre el Poder Judicial. La crisis mantiene paralizado el funcionamiento de una de las principales instituciones jurídicas de Polonia y profundiza las diferencias entre el Ejecutivo, la Presidencia y las fuerzas opositoras.
