El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.
Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
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