La funcionaria explicó que esta situación se deriva del esquema denominado “Acuerdo de Facilidades”, mediante el cual —aseguró— el Gobierno de la Ciudad de México autorizó demoliciones sin intervención de la alcaldía.
“No nos dejaron verificar seis de esas 17 obras, porque nos dijeron que no nos corresponde; solo el Gobierno central puede hacerlo”, señaló.
Rojo de la Vega hizo referencia al caso de la demolición en San Antonio Abad 124, donde murieron tres trabajadores, y rechazó que la responsabilidad recaiga en la alcaldía. Afirmó que ese proyecto contaba con permisos otorgados directamente por el gobierno capitalino.
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Además, cuestionó la actuación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), al señalar que se ha reducido el personal de supervisión. Indicó que desde octubre de 2025 a marzo de 2026 se han solicitado 456 verificaciones, muchas de las cuales no se han realizado por falta de inspectores.
La alcaldesa también aseguró que algunas demoliciones se han autorizado sin cumplir completamente requisitos como contar con un programa de protección civil, lo que incrementa los riesgos.
En ese sentido, señaló que la responsabilidad de autorizar y supervisar estas obras recae en dependencias del Gobierno de la Ciudad, como la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Finalmente, mostró documentos que —según dijo— evidencian que la alcaldía había detectado riesgos en ciertas obras y decidió no autorizarlas inicialmente; sin embargo, posteriormente fueron aprobadas por el gobierno central bajo el esquema de facilidades.
(WCLS)
