El Gobierno federal presentó una propuesta de reforma electoral con la intención de establecer un sistema preventivo que permita identificar posibles relaciones entre aspirantes a cargos públicos y grupos de la delincuencia organizada antes del proceso electoral de 2027.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde Luján, explicó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión y contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como parte del proyecto se plantea la conformación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual estaría integrada por cinco consejeros seleccionados por el Consejo General para un periodo de tres años.
El organismo tendría la función de coordinar la comunicación entre los partidos políticos que deseen incorporarse al esquema y distintas instituciones vinculadas con tareas de inteligencia, investigación y seguimiento financiero, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Según lo planteado, los partidos podrían entregar listados de sus aspirantes para que se realice una revisión y determinar si existen indicios o factores considerados como un posible riesgo relacionado con actividades ilícitas.
«El objetivo es que los partidos cuenten con información suficiente para evitar candidaturas con posibles vínculos con la delincuencia organizada», señaló Luisa Alcalde.
Te puede interesar: Sergio Salomón Céspedes rechaza señalamientos por recursos públicos
La propuesta establece que las instituciones participantes únicamente comunicarían si existe o no algún nivel de riesgo, sin revelar información específica de investigaciones o el origen de los datos para proteger la confidencialidad y el debido proceso.
Con los resultados obtenidos, corresponderá a cada partido definir si mantiene o modifica alguna candidatura, mientras las autoridades continuarían con sus investigaciones en caso de existir elementos relevantes. Además, quienes busquen contender por un cargo deberán aceptar por escrito someterse a esta revisión como requisito para su postulación.
