A 58 años de la masacre de Tlatelolco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comprometió el respaldo de la capital a las demandas de las víctimas y sobrevivientes, así como el apoyo necesario para que la nueva fiscalía especializada avance en el esclarecimiento de los crímenes del pasado.
Desde la Plaza de las Tres Culturas, calificó la represión de aquella noche como un crimen de Estado y sostuvo que recordar debe ir acompañado de verdad, reparación y acciones contra la impunidad.
“Nunca más un Estado contra los estudiantes”, expresó ante integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, descendientes de participantes del movimiento y vecinos de la unidad habitacional.
La ceremonia también dejó una demanda que suele quedar fuera de las conmemoraciones: reconocer la inocencia de quienes fueron encarcelados por participar en aquella lucha.
Félix Hernández Gamundi, dirigente estudiantil y coordinador del Comité, recordó que él y otros 64 compañeros recibieron condenas de entre ocho y 16 años. Según explicó, su posterior liberación no significó que fueran declarados inocentes, por lo que pidió revertir esas sentencias.
Sobre la nueva fiscalía, manifestó confianza, pero advirtió que el organismo todavía no está en operación. Ofreció la colaboración de los sobrevivientes y señaló que mantendrán la exigencia de resultados.
Marisol Vázquez Jiménez, militante del Comité, planteó que los homenajes institucionales deben traducirse en avances concretos y en investigaciones sobre la cadena de mando. También reivindicó a las mujeres del movimiento, quienes participaron como representantes, brigadistas, maestras y estudiantes, además de las madres que reclamaron la libertad de sus hijos.
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Las brigadas también entraban a los cines
Hernández Gamundi compartió una escena poco recordada del 68: los jóvenes interrumpían funciones cinematográficas para explicar sus demandas. La primera vez que su brigada lo hizo, en un cine de Azcapotzalco, temieron el rechazo del público; recibieron una ovación.
Ese trabajo en mercados, fábricas, barrios y salas de exhibición permitió acercar la protesta a personas que no pertenecían a las universidades.
El historiador Felipe Ávila Espinosa destacó la contribución de aquella movilización a la conquista de libertades. Brugada llamó a las nuevas generaciones a conocer ese legado y recordó que los derechos actuales fueron resultado de luchas que costaron persecución, cárcel y vidas.
La exigencia de los sobrevivientes quedó planteada en el mismo lugar de la tragedia: además de preservar el recuerdo, hace falta una respuesta judicial.
Por: Graciela Bravata
