Luego de más de 24 horas de audiencia, un juez federal impuso la medida de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel señalado por formar parte de una red de huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex gobernador y a siete personas más por delincuencia organizada y contrabando, pero sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional para que la juez de control, Alejandra Ramírez de la Vega decida si los vincula o no a proceso por dichos delitos.
Los coimputados del exgobernador son Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de Internacional de Fundentes; José Merino Valdez Cuervo, fundador de Ingemar; los agentes aduanales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, de Logística Ferroviaria Fargo.
En la audiencia, la FGR expuso casi una centena de datos de prueba en contra de los coimputados.
Aunque la juez Ramírez de la Vega impuso prisión preventiva a los ocho, José Merino Valdez Cuervo y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en prisión domiciliaria por razones de salud.
El resto, incluido Ruffo Appel, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México y Adriana Magali Bárcenas Guillén al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur.
La FGR recordó que los ocho fueron detenidos como parte de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que probablemente participaron.
“Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”, señaló la Fiscalía.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”.
Según las investigaciones el grupo está vinculado a la empresa Ingemar, en la que Ruffo Appel es accionista mayoritario y entre enero y julio de 2025 ocasionaron daños a la hacienda pública estimados en más de 4 mil millones de pesos por evasión de impuestos.
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