La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió la liberación inmediata de los mexicanos detenidos en el centro de detención migratorio Everglades, conocido como ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes), en Florida, Estados Unidos, así como el cierre definitivo de la que consideró es una «cárcel infamante», al ser una amenaza a la dignidad y los derechos humanos.
Durante la sesión celebrada este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio lectura a un pronunciamiento conjunto de senadores y diputados, en el que se condenó la persecución violenta y arbitraria contra personas migrantes y se denunció que ese centro opera al margen de cualquier marco legal estadounidense.
“Exigimos la liberación, no solamente de los mexicanos ahí detenidos ilegalmente, sino de todas las personas migrantes que están privadas de su libertad en Alcatraz de los Caimanes y, a su vez, exigimos el cierre definitivo de esa cárcel infamante”, sostuvo Fernández Noroña.
Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la prisión debe ser cerrada por representar un retroceso a prácticas proscritas desde la Segunda Guerra Mundial.
Según el senador Homero Davis Castro, las personas recluidas en Everglades enfrentan condiciones precarias como alimentos en mal estado, servicios sanitarios sin funcionar, falta de agua potable y nula atención médica.
Por ello, urgió a respaldar las acciones del Gobierno mexicano para lograr su repatriación en condiciones dignas y seguras.
El caso tomó relevancia luego de que se conociera la detención de Carlos Martín González, un joven mexicano con visa de turista que fue arrestado en junio junto a su hermano tras una infracción vial, y trasladado a dicha cárcel, donde ya se reporta la presencia de al menos 14 mexicanos.
Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado que los consulados de Orlando y Miami brindan asistencia legal y consular, legisladores de oposición, como Carolina Viggiano y Rubén Moreira, del antes hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Margarita Zavala, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), cuestionaron la pasividad de la Cancillería y denunciaron recortes al presupuesto consular.
«¿Dónde está la Cancillería?», cuestionó Viggiano. «Hasta ahora solo hay silencio, omisiones y una vergonzosa sumisión diplomática».
En tanto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del oficialista Partido Verde Ecologista Nacional (PVEM), llamó a mostrar unidad legislativa en defensa de los connacionales y respaldó el programa de asistencia legal del Gobierno mexicano.
Desde el opositor Movimiento Ciudadano (MC) y el oficialista Partido del Trabajo (PT) también se pidió una postura firme ante instancias internacionales para denunciar estas prácticas y «no permitir su criminalización», al tiempo de asegurar el retorno inmediato de los mexicanos privados de su libertad.
