El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, Jorge Bracamonte Hernández, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir y poner límites a las llamadas “pensiones inmorales” que reciben exfuncionarios de alto nivel.
El legislador consideró que esta propuesta es necesaria para terminar con privilegios que, dijo, resultan éticamente injustificables. Señaló que en Tabasco existen casos de exservidores públicos que actualmente perciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales a través del ISSET y otros organismos, una situación que calificó como ajena a los principios de la austeridad y la justicia social.
Bracamonte Hernández adelantó que, una vez que la iniciativa federal sea presentada y aprobada en la Cámara de Diputados, el Congreso local procederá de manera inmediata a homologar la reforma en la entidad. Afirmó que la mayoría legislativa está lista para adecuar el marco legal estatal en concordancia con la propuesta presidencial.
“Muchos han cobrado pensiones inmorales; vamos a esperar a que la presidenta la presente para homologarla de inmediato en Tabasco”, sostuvo el líder parlamentario.
En cuanto a la ruta de la reforma federal, se informó que la próxima semana la mandataria enviará al Senado de la República una iniciativa para modificar el artículo 127 de la Constitución. Entre los puntos centrales destaca que las pensiones de puestos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento del salario del Ejecutivo federal, lo que equivaldría a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, esta medida permitiría recuperar cerca de 5 mil millones de pesos a nivel nacional, recursos que serían redirigidos a programas sociales. La reforma respetará los derechos adquiridos, pero limitará las jubilaciones futuras y frenará pagos que actualmente van desde los 100 mil hasta el millón de pesos mensuales.
Con esta postura, el Poder Legislativo de Tabasco se alinea a la política de austeridad republicana promovida por el Gobierno de México, con el objetivo de sanear las finanzas públicas y eliminar privilegios excesivos en la administración pública.
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