El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que en la entidad existe gobernabilidad y una estrategia de seguridad que ha generado resultados tangibles reconocidos a nivel nacional, pese a los desafíos que enfrenta el país en esta materia.
El mandatario estatal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las instituciones de seguridad pública mediante la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que la presencia del Estado es constante en todas las regiones de la entidad.
Ramírez Aguilar respondió a recientes publicaciones de circulación nacional que cuestionan la estabilidad en el estado, señalando que el enfoque de dichas versiones es “tendencioso”, ya que —dijo— intentan generalizar la situación de toda una corporación a partir de casos aislados de corrupción o faltas administrativas.
Durante una entrevista publicada por el medio Diario de Chiapas, el gobernador defendió el trabajo de las fuerzas del orden y aseguró que el actuar de un solo elemento no puede ser utilizado como parámetro para juzgar el desempeño de las instituciones que trabajan diariamente por la seguridad de la población.
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En ese sentido, afirmó que la actual administración ha logrado contener escenarios de violencia que, en otros momentos, habrían derivado en situaciones más graves. Incluso mencionó que, si algunos hechos de alto impacto mediático y criminal hubieran ocurrido en años anteriores —en referencia a 2024—, el estado habría enfrentado una situación de mayor inestabilidad.
“Nosotros siempre vamos a actuar con honestidad y sin complicidad con nadie”, expresó.
El gobernador destacó además que la política de “cero tolerancia” a la corrupción se aplica de manera firme en su gobierno. Informó que actualmente más de 300 elementos de distintas corporaciones, entre ellas la Guardia Estatal y policías municipales, enfrentan procesos penales por diversas irregularidades.
De acuerdo con el mandatario, estas acciones demuestran que en su administración no se protege a ningún servidor público que abuse de la confianza ciudadana, y que cualquier funcionario que incurra en actos indebidos deberá responder ante la ley.
(WCLS)
