El Gobierno de México logró evitar el pago de más de mil 500 millones de dólares que la empresa estadounidense Vulcan Materials Company reclamaba mediante un arbitraje internacional, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la compañía aún deberá responder por los daños ambientales ocasionados durante años de explotación minera en Quintana Roo.
La controversia surgió tras las clausuras impuestas a Calica, filial de Vulcan, por realizar actividades de extracción de piedra caliza en la zona de Playa del Carmen, donde las autoridades federales determinaron que la empresa rebasó las áreas autorizadas y provocó afectaciones al ecosistema, incluida la perforación del acuífero y el deterioro de terrenos selváticos.
El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que México únicamente deberá cubrir alrededor de 17 millones de dólares, equivalente a cerca del 1% del monto originalmente reclamado, al acreditar únicamente afectaciones relacionadas con decisiones tomadas al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con ello, quedaron fuera las acciones emprendidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la mina fue clausurada definitivamente en 2022 y, posteriormente, los terrenos fueron declarados Área Natural Protegida.
Sheinbaum subrayó que la resolución coloca al Gobierno mexicano en una posición distinta para continuar las conversaciones con la empresa, pero dejó claro que Vulcan no quedará exenta de reparar el daño ambiental causado en Quintana Roo.
La mandataria explicó que la compañía deberá presentar un proceso de remediación ambiental, ya que aún conserva material dentro del predio clausurado, por lo que las negociaciones actuales buscan definir cómo cumplirá con esa obligación.
Asimismo, indicó que por las reglas de confidencialidad del procedimiento internacional no podrá ofrecer mayores detalles durante aproximadamente 30 días, aunque adelantó que posteriormente se dará a conocer el alcance completo del acuerdo y los siguientes pasos.
Desde 2022, las operaciones de Calica permanecen suspendidas tras la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina, mientras que el decreto de Área Natural Protegida emitido en 2024 impide que la empresa reanude la explotación de material pétreo, pese a que continúa siendo propietaria de los terrenos.
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JCSC
